CARACAS.- La tensión política volvió a escalar en Venezuela, donde un joven murió por un disparo en el cuello durante una protesta, un diputado opositor fue baleado cuando daba una conferencia de prensa y la Defensoría del Pueblo denunció ataques a varias de sus oficinas, mientras la ONU y la OEA le pidieron al gobierno que respete el derecho a la manifestación y excluya a los militares de la represión de las protestas.
Daniel Queliz, quien tenía 20 años y estudiaba Derecho, murió tras recibir un disparo el lunes a la noche en el cuello durante una protesta opositora en Valencia, capital del estado Carabobo, según confirmó el Ministerio Público en un comunicado. “La Policía empezó disparando perdigones; luego de correr por un momento, todos nos dimos cuenta de que eran balas lo que disparaban; mi primo cayó al suelo en ese momento, lo recogimos y de camino al hospital murió”, dijo Jonathan Arias, pariente de Queliz.
Por otra parte, un individuo armado disparó dos veces ayer contra el diputado opositor Robert Alcalá, quien estaba dando una rueda de prensa en Cumaná, capital del estado Sucre, para denunciar un ataque de bombas molotov que causó daños a la sede local del partido Acción Democrática (AD). El atacante fue detenido por la Policía regional, según informaron el diario digital local El Pitazo y el sitio web Runrunes.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que siete oficinas del organismo a su cargo -en Caracas y los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y dos en Trujillo- fueron “atacadas por grupos violentos de opositores”.
Asimismo, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos. Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Venezuela a respetar y garantizar “el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país”.
El organismo autónomo de la OEA, en un comunicado desde Washington, llamó a las autoridades venezolanas a “facilitar las manifestaciones públicas” y “cooperar” con sus organizadores, así como “excluir la participación de militares” de “los operativos de manejo de manifestaciones públicas”.
En tanto, la inhabilitación al ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos por 15 años, decidida la semana pasada por la Contraloría General de la República, fue cuestionada severamente por los abogados del dirigente, Rafael Chavero y Bernardo Pulido. La medida, fundada en irregularidades administrativas ocurridas supuestamente en 2014 en su desempeño como gobernador del estado Miranda, es inconstitucional y “un acto de venganza” que “sólo se ve en los gobiernos dictatoriales”, por lo que será apelada incluso en tribunales internacionales, dijo Chavero en rueda de prensa.
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