Si bien todavía no entró en funcionamiento, según calificadas fuentes judiciales, por ausencia de una partida financiera acorde, entre otras variadas cuestiones organizativas, la ley 13.869 -de 2009- creó en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el banco de datos genéticos delictual, que depende de la Suprema Corte.
Los principales objetivos de este registro, según surge de la misma normativa, es “facilitar el esclarecimiento de los hechos sometidos a la investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables, sobre la base del perfil genético identificatorio; identificar y contribuir al paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas y resolver controversias judiciales en relación a la identidad de autores o supuestos autores de hechos delictivos”.
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