Hace treinta años, la Argentina vivía una de las Semanas Santas más tensas y dramáticas de su historia contemporánea. Una sublevación militar ponía en jaque a una democracia todavía frágil y recuperada hacía muy poco. Fueron cuatro días teñidos de incertidumbre, que ahora pueden merecer juicios históricos divergentes pero que en aquel momento se vivieron con angustia ciudadana.
El país lo recuerda: gobernaba Raúl Alfonsín; las Fuerzas Armadas eran todavía un factor de poder capaz de desestabilizar a la República; se debatía sobre la necesidad de un equilibrio que saldara los horrores del pasado sin caer en revanchismos. Un grupo de militares se sublevó con la cara pintada. Intentaban fijar condiciones sobre los juicios a uniformados por los excesos de la represión. Intentaban condicionar a Alfonsín pero, más que eso, lo que buscaban era condicionar la democracia.
Diversos protagonistas de aquellas jornadas coinciden hoy en que el alzamiento carapintada fue derrotado por una eficaz combinación de movilización popular espontánea y convocatoria política amplia. El peronismo -liderado en aquel momento por Antonio Cafiero- se abroqueló con Alfonsín en defensa de la institucionalidad.
La ciudadanía salió a la calle y repudió la sublevación. Fue uno de esos momentos en los que se produjo una espontánea unión nacional para salvar a una democracia que todavía no se había consolidado.
“El golpe se abortó por la movilización popular y el acuerdo político. La convocatoria a defender la democracia expresaba el sentir de la población”, opina Jesús Rodríguez, entonces un joven diputado alfonsinista.
“Hubo convocatoria política pero también mucha espontaneidad e indignación. Eso volcó la balanza al demostrarle a los sublevados que no había plafón para una nueva aventura”, recuerda Mario Cafiero, hijo y secretario del dirigente histórico del peronismo que de inmediato se colocó en respaldo del orden institucional.
Durante más de cien horas, los “carapintadas”, bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico, tuvieron en vilo al país reclamando una “solución política” para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar concluida cuatro años antes.
También pedían el alejamiento del generalato, buscando despegarse de responsabilidad en los excesos represivos, e invocaban su condición de combatientes, héroes y víctimas de la Guerra de Malvinas.
Se armó un comité de crisis en la madrugada del jueves 16 de abril, que funcionó durante los cuatro días en la oficina del secretario de la Presidencia, Carlos Becerra. Allí -recuerdan hoy algunos actores de aquel momento- se decidió una respuesta rápida para volcar la correlación de fuerzas y se dispuso convocar a la ciudadanía y a las fuerzas políticas sin exclusiones.
En ese grupo revistaban políticos de confianza de Alfonsín: Enrique “Coti” Nosiglia, futuro ministro de Interior; Federico Storani y Marcelo Stubrin, además de Becerra. A ellos se sumó el diputado jefe de la bancada radical, César Jaroslavsky.
Horas antes de la sublevación, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, había dispuesto la baja del mayor Ernesto Barreiro, reconocido como jefe de los torturadores del centro de detención ilegal cordobés de La Perla, quien tras su negativa a presentarse ante la Justicia buscó refugio en el regimiento aerotransportado de Córdoba mientras Rico rompía la cadena de mandos en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
El jefe de la bancada peronista de diputados, José Luis Manzano y las principales figuras de la renovación partidaria -Carlos Grosso, Oraldo Britos, De la Sota, además de Cafiero- fueron de los primeros en llegar a la sede gubernamental en esa mañana del 16 de abril, donde reinaba la incertidumbre sobre el futuro del orden constitucional.
En pocas horas atrajeron al jefe de la CGT, Saul Ubaldini, y a Lorenzo Miguel, quienes también estuvieron esa tarde en una Asamblea Legislativa ampliada donde además de diputados y senadores concurrieron dirigentes de las centrales empresarias, ante los cuales el Presidente aseguró que “la democracia no se negocia” y llamó a “doblegar el brazo de los golpistas”.
Desde un ventanal de Congreso, Alfonsin renovó el mensaje y pudo palpar la magnitud del respaldo popular, ya que la muchedumbre agolpada en la Plaza del Congreso se prolongaba a la Avenida de Mayo y superaba, según algunos cálculos, las 300 mil personas. En todas las plazas y legislaturas provinciales y locales del país se replicaba la escena.
Esa noche se dio la orden de reprimir a los sublevados, que debía ejecutar el general Ernesto Alais. Aunque luego se dijo que la demora de las tropas encargadas de sofocar el alzamiento se debía a darles un plazo y evitar derramamientos de sangre, con el correr de las horas quedó claro que había una generalizada negativa militar a enfrentar a sus camaradas.
Ese “empate” se tornó peligroso a medida que pasaban las horas, ya que a partir de aquel Viernes Santo comenzaron a concentrarse en las puertas de la guarnición de Campo de Mayo miles de militantes y vecinos que interpelaban a viva voz a los carapintadas por su actitud, aumentando el riesgo de una masacre.
Fueron cuatro días de radios y televisores encendidos y marchas en las calles, donde los diversos grupos juveniles exhibían sus banderas pero sólo competían en la vehemencia antimilitarista de los cánticos. También el Episcopado católico y líderes religiosos convocaban a respetar el orden constitucional.
Hubo que esperar hasta el mediodía del domingo de Pascua para que, luego de la firma de un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno, Alfonsín anunciara a la multitud congregada en la Plaza su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse.
“Me subí al coche de Jaroslavsky, que hizo bajar a su chofer para manejar él. Había sido corredor de autos y llegamos casi al mismo tiempo que el helicóptero que llevaba al Presidente”, recordó Jesús Rodríguez, quien dos años más tarde se hizo cargo del ministerio de Economía en medio de una hiperinflación que anticipó la salida de Alfonsín del gobierno.
“Cuando llegamos había unas 20 mil personas que rodeaban la Escuela de Infantería. Adentro ya estaban Cafiero y Oscar Alende, del PI. El Presidente había pedido que lo esperaran, pero los mismos vecinos de los barrios próximos al cuartel se largaron y entraron por los bañados y luego por las puertas. Tuvimos que pedir con un megáfono a la gente que se retirara porque el peligro de que los carapintadas dispararan y hubiera una matanza era enorme”, recuerda otro de los protagonistas.
A las 18.07, Alfonsín anunció desde el balcón de la Casa de Gobierno: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”, la frase que con su “Felices Pascuas” cerró un momento dramático de la transición democrática.
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