Panamá Papers: el juez Casanello dejó la causa

El juez federal Sebastián Casanello se declaró ayer incompetente en la causa denominada “Panamá Papers” (“Papeles de Panamá”), v en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri, y se desprendió del expediente enviándolo a otros fueros.

Casanello decidió enviar parte de la causa al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, mientras que otro segmento lo remitió a un juzgado de instrucción donde se investigaban irregularidades en declaraciones juradas del hoy presidente cuando era jefe de Gobierno porteño.

“El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”, dijo.

El fallo del magistrado remarcó que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que “no vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista” de supuesto lavado de dinero.

Por todo ello, resolvió que “al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero” y únicamente quedar por investigar un supuesto “remanente impositivo” ante la Afip correspondía “declarar la incompetencia del fuero federal”.

DETALLE DE LAS HIPÓTESIS INVESTIGADAS

Según el informe del juzgado publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), Casanello llevó a cabo un detalle de las hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba en determinar si la “vida social de las empresas” Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, “había infringido algún tipo penal”.

Pero la UIF estableció que “Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; y que no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA”.

Paralelamente, señala el informe, el juzgado valoró que “los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”.

A criterio del juzgado, “la prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal”.