La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de echar para atrás la controvertida medida en la que se arrogaba las funciones Legislativas no cambia casi nada la realidad del Parlamento, que sigue sin poder alguno y navegando en el limbo de la ilegalidad. Que el Poder Judicial haya decidido suprimir las tres medidas que despojaban a la Asamblea Nacional de sus funciones y atribuciones deja al Poder legislativo casi en las mismas condiciones en las que estaba el viernes cuando la decisión estaba en vigencia, o que hace una semana, cuando ni siquiera estaban por dictarse.
La Asamblea Nacional -controlada por la oposición- se encuentra sin facultades y sus actos han sido considerados nulos desde el 11 de enero de 2016 luego de que juramentó a tres de los 112 diputados de oposición pese a que la Justicia dictaminó que esas investiduras debían ser suspendidas hasta que se investigará un supuesto fraude en su elección.
Esa medida sigue vigente sobre todos los actos legislativos y por ello ninguna de las leyes que ha aprobado la Cámara han sido promulgados ni por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni por la Justicia, no solo en los últimos tres días, sino también en los anteriores 14 meses.
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