Gils Carbó admitió posibles irregularidades por una compra

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer un informe a la presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), en el que justificó la adquisición de un inmueble por parte del Ministerio Público pero confirmó la apertura de un “sumario interno” por presunto tráfico de “información privilegiada” por presuntas irregularidades en la operación, que fue de casi 39 millones de pesos.

En el documento de 33 páginas, Gils Carbó explicó las razones por la que compró la propiedad de la calle Perón al 667, de capital, y presenta anexo de “documentales y copia de todas las actuaciones” en las que se formalizó la operación inmobiliaria. Asimismo, la jefa de los fiscales confirmó la existencia de una investigación interna por un presunto caso de “utilización de información privilegiada” que involucra a un funcionario del organismo, que presuntamente brindó datos a un familiar para favorecer a la inmobiliaria que intervino en la operación.

Esta presentación de la procuradora fue adoptada luego de que diputados de la alianza oficialista Cambiemos solicitarán su presencia para que informe sobre “las supuestas irregularidades que se le atribuyen en el proceso de designación de fiscales”, pedido que será tratado el próximo jueves a las 11, cuando la bicameral se reúna para definir su agenda.

Al respecto, Gils Carbó se manifestó a “disposición de la Comisión Bicameral para evacuar toda consulta”.

En el informe difundido ayer, la funcionaria explicó que la Procuración se anotició por “información periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón” y el 23 de marzo pasado recibió “una orden de presentación” del juez federal Julián Ercolini, en la que solicita la documentación relacionada con la compra del inmueble. “Esos hechos fundaron la decisión de la Procuradora General de la Nación de iniciar actuaciones administrativas con miras a esclarecer cualquier irregularidad que haya podido suscitarse en el marco de la adquisición inmobiliaria”, explicó Gils Carbó en el escrito.

En este contexto mencionó a Juan Carlos Thill, quien fue señalado de acceder a información privilegiada suministrada por su hermano Guillermo Bellingi, funcionario del Ministerio Público, para favorecer a la inmobiliaria que intervino en la operación.

De acuerdo a lo determinado por el Ministerio Público, Bellingi “había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón y que resultaba altamente probable un vínculo familiar entre éste y Thill”.

“Esos extremos, conjugados con la información que surgía de la factura publicada, terminaron de conformar el esquema de presunciones en función del cual la Procuradora General dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier otra responsabilidad”, transmitió.

En la carta presentada ayer a Camaño, la funcionaria justificó la compra al señalar que “tiempo antes de la llegada al cargo de la Procuradora General de la Nación, sus antecesores en la función ya habían expresado la necesidad institucional de cambiar la sede central de este organismo” y fue por eso que avanzó en un proceso de “modernización en materia de administración y gestión”.

Mientras, ayer importantes fuentes del macrismo confiaron la intención de avanzar con el pedido de juicio político de la funcionaria.