La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó hoy un escrito ante el fiscal Eduardo Taiano en el que descartó un perjuicio para el erario en la compra del edificio donde hoy funciona el organismo.
No obstante, admitió que pudo haber existido “un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia”, lo que habría generado “un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo” a uno de sus colaboradores, hoy suspendido en sus funciones.
Mediante un escrito firmado por el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, la jefa de los fiscales describió todas las medidas que adoptó desde que “se anotició por información periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón”.
Gils Carbó resaltó que “las instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativo impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público”. Sin embargo, “las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo”.
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