CARACAS.- Cinco nuevos muertos por heridas de bala elevaron ayer a 30 la cantidad de víctimas fatales registradas en lo que va de abril en el contexto de las protestas callejeras casi cotidianas contra el gobierno de Venezuela, según informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien además reportó 437 heridos.
La fiscal expresó preocupación por las crecientes tensiones políticas, y rechazó que se use la violencia como “arma de acción política”. Ortega Díaz indicó que en el marco de las manifestaciones fueron arrestadas 1.289 personas, de las cuales 65 siguen detenidas y otras 217 serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales. El anuncio de la fiscal se dio horas después de la confirmación de las muertes de dos hombres tras ser baleados en la cabeza durante protestas en distintos lugares de Venezuela.
Orlando Johan Medina, de 23 años, murió de forma inmediata al recibir un disparo de escopeta en la cabeza durante una protesta en la población de El Tocuyo en el estado de Lara, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.
En tanto, el defensor del pueblo Tarek William Saab lamentó por Twitter la muerte de Luis Alberto Márquez, de 52 años, en Mérida y dijo que “participaba en una concentración pro gubernamental cuando desconocidos dispararon a la multitud desde un edificio”.
El ministro del Interior, general Néstor Reverol, reiteró las acusaciones contra la oposición a la que acusó de contratar delincuentes para generar hechos de violencia. Al presentar un balance de los hechos violentos de las últimas horas, Reverol dijo en una transmisión de la TV estatal que el jefe de la policía de Caracas resultó herido en una pierna por un balazo que recibió durante una protesta en la madrugada de ayer en una populosa barriada pobre del oeste de la capital. Asimismo, otro policía fue herido en el tórax por impacto de bala durante una marcha en el estado Barinas, donde también hubo 13 guardias nacionales lastimados por objetos contundentes que les lanzaron manifestantes.
La Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría opositora, dio un plazo de tres días a Saab para que se pronuncie sobre un eventual proceso de destitución de los jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que emitieron el mes pasado dos fallos contra el Congreso, arrogándose facultades legislativas y limitando la inmunidad a los diputados. El defensor del pueblo dirige actualmente la instancia del Consejo Moral Republicano, que integran la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría General, que se encarga de abrir cualquier proceso contra los miembros de la Corte. El primer vicepresidente del Congreso, diputado Freddy Guevara, dijo que si en ese lapso Saab no se pronuncia, los congresistas pasarán a considerarlo como “cómplice del golpe que se dio contra el Congreso y se actuará en consecuencia”.
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