El juez de instrucción Ricardo Farías responsabilizó en principio al comisario Potocar de haber recibido las “rendiciones” del cobro ilegal a comerciantes y “trapitos” por parte de policías en el barrio porteño de Núñez. Así se desprende de la acusación que le fue leída ayer al suspendido jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La acusación indica que, “según una marcada división de tareas y en abuso del poder público que se les confió a los efectivos policiales, llevarían adelante la comisión desde el mes de enero de 2016 de distintos delitos de acción pública”. Ello habría ocurrido mientras se desempeñó como titular de la seccional 35 (la misma donde en 1991 Walter Bulacio fue sometido a golpes que terminaron con su vida) el comisario Norberto Villarreal, quien actualmente está prófugo y con orden de captura nacional e internacional.
Un grupo de policías subalternos, de acuerdo a la descripción de los hechos, eran “los responsables de recaudar el dinero semanalmente, el cual ascendería entre los dos mil y tres mil pesos por mes y por cada comercio y empresa de la zona para luego concurrir a la sede policial y rendirle cuentas a su jefe, Norberto Villarreal, quien a su vez lo hacía con (Susana) Aveni y Potocar”. En esa escala piramidal, la comisario Aveni, como jefa de jurisdicción con siete comisarías a cargo, y Potocar, como director general de comisarías, revestía la escala piramidal “hacia arriba”, en el flujo del dinero ilegal.
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