Revés para el decreto de Trump contra “ciudades santuario”

Un juez de San Francisco (California) bloqueó ayer el decreto firmado por el presidente de EE UU, Donald Trump, para negar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, como se denomina a aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes ilegales.

El fallo del juez William Orrick supone un nuevo revés para el Gobierno de Trump, aunque no es definitivo y el Departamento de Justicia podría apelarlo en segunda instancia, ante de pasar al Tribunal Supremo.

En la decisión, el magistrado determina que el decreto de Trump en su primera semana en el poder, el 25 de enero, no puede ser ejecutado, porque de serlo, violaría la Constitución.

La ciudad de San Francisco y su vecino Silicon Valley, nombre con el que se conoce al condado de Santa Clara, habían demandado a la administración federal por considerar que el decreto presidencial causa un daño “irreparable” al pueblo estadounidense y al “tejido mismo” de su Gobierno. El juez Orrick le dio la razón a la demanda, y bloqueó la medida de manera temporal mientras estudia su contenido.

El bloqueo se produce a nivel nacional y afecta a todas las “ciudades santuario”, es decir, a las alrededor de 200 localidades que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Angeles, Chicago y Nueva York. “Estas violaciones constitucionales no se limitan a San Francisco o Santa Clara, sino que también se aplican igualmente a todos los estados y jurisdicciones locales. Debido al alcance de la orden y a sus aparentes fallos constitucionales, un bloqueo a nivel nacional es apropiado”, determinó el juez.

AMENAZA PRESIDENCIAL

Trump había amenazado con recortar los fondos federales a las “ciudades santuario”, pero no había ejecutado aún esa medida. No obstante, el Gobierno había dado un ultimátum a las “ciudades santuario” para obligarlas a informar a las autoridades del estatus migratorio de las personas que detienen con el fin de facilitar la deportación de aquellos inmigrantes que viven de manera irregular en EE UU o que han comedido algún delito.

El último ultimátum se produjo el viernes pasado, cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no entregaban documentación para demostrar que estaban colaborando con las autoridades federales para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales.