Otro horror que desnuda los vicios estructurales de una Policía que necesita una reforma profunda

El crimen que conmueve ahora al país -el de Araceli- exhibe, una vez más, los graves problemas estructurales que arrastra la Policía bonaerense: ineficacias de todo tipo, supuestas complicidades y presunción de corrupción. Nada nuevo, lamentablemente.

Dejaron al sospechoso en libertad y le facilitaron la fuga. Hicieron la “vista gorda” ante una trama en la que aparecían evidencias de narcotráfico; desoyeron alertas y subestimaron los riesgos. Todo esto provoca indignación, pero no sorpresa. Los problemas de corrupción e ineficacia policial llevan ya muchas décadas. Y está claro que no se han solucionado con purgas, exoneraciones masivas, sumarios y disponibilidades o apartamientos provisorios. Esas fórmulas están agotadas. Si no se atacan los problemas de fondo, cada vez quedará más lejos el objetivo de contar con una fuerza de seguridad saneada, profesional y confiable.

Una fuerza del tamaño de la Bonaerense, con unos 90 mil hombres armados y repartida en más de 300 mil kilómetros cuadrados (como tiene la Provincia) debe ser controlada con mecanismos de proximidad. Aquí se ha dicho muchas veces: sin contralor ciudadano y monitoreo a escala local, resulta casi imposible supervisar un “ejército” semejante.

Está claro que lo hecho hasta ahora no ha dado los resultados que se buscaban. Al cabo de “intervenciones”, purgas generalizadas, bandazos de un extremo al otro, se sigue en el mismo punto. El caso Araceli lo confirma, dramáticamente, en estas horas.

Pero lo peor es que no se ven avances que permitan imaginar un cambio de fondo. Se han anunciado y puesto en marcha medidas positivas, como las rinoscopias a todo el personal policial y la exigencia de declaraciones juradas a los comisarios y jefes de la Fuerza. Pero la reforma que hace falta es mucho más profunda.

La Provincia no puede resignarse a “administrar” una Policía enferma de corrupción e ineficacia, ni tampoco a “maquillar” las cosas con algunas medidas aisladas, aún cuando resulten acertadas. Debe asumir el complejo pero imprescindible desafío de una reforma estructural y de fondo. Hay que devolverle a la Policía el rol de fuerza profesional, confiable, controlada y transparente. El diagnóstico ya es demasiado conocido, como también lo son las recetas fracasadas. Desde ese punto de partida, hay que empeñarse en una transformación estructural.

La clave reside en el control. Hay que atacar el cáncer de la “coima uniformada” y romper, definitivamente, los lazos que unen a la Policía con el delito organizado. No es fácil, por supuesto. Pero algún día se deberá empezar.

El caso de otra chica -otra más- asesinada con inconcebible alevosía, desnuda los extremos de brutalidad que amenazan a la sociedad. Si frente a semejante amenaza, aceptamos la convivencia con una Policía corrupta e ineficaz, la perspectiva es penosa y desoladora.

Como se ha dicho otras veces, la ejecución de una reforma profunda en materia de seguridad exige una verdadera política de Estado, en la que se comprometan todos los sectores políticos e institucionales y, desde ya, los tres Poderes del Estado. Como parte de ese compromiso, se deberá garantizar la continuidad de estrategias orientadas a lograr esos cambios de fondo. Está demostrado que no hay “ministros salvadores” ni fórmulas mágicas. Lo que se necesita son objetivos claros; controles rigurosos y eficientes con imprescindible fiscalización ciudadana; profesionalización; orgullo policial y conducción ejemplar. La Provincia no puede tolerar más una Policía degradada y carcomida por sus propios vicios.