La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy, en una tensa sesión que expuso una honda división hemisférica, una declaración en la que denunció una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" en Venezuela y exigió a Caracas restaurar la independencia de los poderes del Estado junto con "la plena autoridad" del Parlamento, controlado por la oposición.
La declaración fue aprobada tras una sesión especial que volvió a desnudar divisiones en el continente y que fue abierta por 18 países, entre ellos Argentina, que deshoyeron una decisión de Bolivia, país a cargo de la Presidencia pro témpore, y la aprobaron en medio de las denuncias de La Paz y Caracas de "un golpe institucional" en el organismo.
"Se está dando un golpe de Estado al seno de la OEA, están engañando al mundo esto no tiene ningún valor", sentenció el embajador de Venezuela ante el organismo hemisférico, Samuel Moncada, luego que su par hondureño, Leónidas Rosa Bautista, asumiriera la Presidencia interina del Consejo Permanente invocando el artículo 37 del reglamento, que establece que este órgano celebrará sesiones "cuando cualquier representante lo solicite por escrito" y constató que "hay quórum en la sala" para celebrarlo.
Con ese argumento 21 países de los 34 que participan en la OEA se sentaron a debatir la crisis política en Venezuela, por encima de la autoridad de Bolivia, el país, que también por el reglamento, asumió la Presidencia pro témpore del Consejo Permanente y, por ende, la capacidad de convocar y suspender sesiones.
Uno de los ataques más contundentes del embajador venezolano fue contra la canciller argentina, Susana Malcorra, la única ministra de Relaciones Exteriores que participó del debate. Moncada la acusó de "injerencismo" al recordar que la ministra argentina propuso "un tutelaje" para su país, según la agencia de noticias EFE.
Horas antes Malcorra había dejado en claro la posición del gobierno de Mauricio Macri en la puja regional alrededor de la crisis política en Venezuela, que escaló en los últimos días cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió asumir las funciones del Parlamento, el único poder del Estado en manos de la oposición. Finalmente, la corte dio marcha atrás con la medida.
Pese al enojo de Venezuela y Bolivia, que eventualmente abandonaron la sesión, los países que "dieron quórum", según el asesor judicial de la OEA, votaron una resolución final que denunció una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" en el país petrolero y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional.
De los 21 países presentes, 17 votaron a favor y cuatro se abstuvieron: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. Después de conocerse la resolución final, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue el primero en condenar el texto y la sesión en general.
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