"Los Sauces": procesaron a Cristina Kirchner por asociación ilícita

El juez federal Claudio Bonadio  procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández como “jefa de una asociación ilícita” que “lavaba activos”, y la embargó por  130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa  “Los Sauces”.    

El procesamiento alcanza también a los hijos de la ex  presidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación  ilícita.    

La extensa nómina de procesados incluye a los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez, a los cuatro hijos  de éste, a Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta) y a los empresarios Fabián De Sousa y José Sanfelice.    

Según el fallo, de casi 400 páginas, “la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo  Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro  socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los  contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin  de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.    

Bonadio sostuvo que “los alquileres, más allá de lo correcto  de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero  proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’  desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex  presidenta”.   
 
Esa secuencia era “dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos  Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia  Kirchner”.    

“En todos estos casos disimular se traduce como un  procedimiento que tiende a crear un ocultamiento o disfraz de la ilicitud del  origen de los bienes, y que lleva a esos bienes adquieran  apariencia legal”, puntualizó el juez.    “Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que  provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago,  mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública  concedida ilegalmente al grupo Báez”, resumió Bonadio.    

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El cargo específico contra la ex presidenta es el de “tomar  parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre  en forma real con el delito de lavado de activos de origen  ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación  y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.    

La composición de esos delitos puede derivar en una condena superior a los diez años de cárcel.    

El resto de los imputados aparecen procesados por una intervención de menor jerarquía en la asociación ilícita, como organizadores” o meros miembros.   

En todos los casos, los montos de los embargos no bajan de los diez millones de pesos.