Gils Carbó dictamina que detención de Milagro Sala es "ilegal"

La procuradora General de la  Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy que la prisión preventiva  en que permanece, desde enero de 2016, la dirigente social jujeña  Milagro Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto".    

En un dictamen presentado a la Corte Suprema, la jefa del  Ministerio Público subrayó, además, que la líder de la "Tupac Amaru"  tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur y  que dicha condición no fue suspendida por los canales establecidos  en la ley.    

La presentación de Gils Carbó se produjo a pedido de la propia  Corte que el 14 de marzo último le "corrió vista" a la  procuradora para que se pronuncie sobre la forma en que fue detenida Sala,  quien permanece encarcelada desde hace más de un año.    
La Corte analiza la situación de detención de Sala ante un  planteo de la defensa de la jefa de la Tupac Amaru, quien tiene dos  condenas en su contra y rechaza los motivos de la justicia jujeña  para mantenerla bajo arresto ante la posibilidad de que su  liberación resulte intimidante para testigos.     

El dictamen de la Procuración no es vinculante, es decir que  aunque Gils Carbó opina que Sala debe ser liberada, el máximo  tribunal podría resolver lo contrario sin que ello implique nada en  términos judiciales, explicaron fuentes tribunalicias.    

La Corte fue llamada a intervenir sobre dos cuestiones  esenciales: si la condición de diputada electa del Parlasur -cargo por el  cual no llegó a jurar en Montevideo- le otorga a Sala fueros que  impiden su detención y si la forma y el contexto en que fue  detenida fue o no arbitrario.    

Milagro Sala, jefa de la agrupación filokirchnerista Tupac  Amaru, está detenida desde enero de 2016 tras montar un campamento  que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno y el tránsito por la  zona céntrica de Jujuy, tras lo cual la justicia dispuso su  excarcelación por esa contravención pero mantuvo su arresto por otras  causas más graves que estaban en curso.    

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En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en  suspenso como instigadora de daños agravados por un violento  escrache que perpetraron sus seguidores contra el entonces senador  Gerardo Morales y dirigentes radicales que cuestionaban la política  económica del kirchnerismo.    

También fue condenada a pagar una multa y realizar trabajos  sociales sin habilitación para integrar organizaciones por tres  años, a la vez que la justicia dispuso su procesamiento y prisión  preventiva en las causas por aparente desvío de fondos nacionales que  debían llegar a cooperativas para construir viviendas en la  provincia y por la agresión contra dos dirigentes sociales cometida en  2006, entre otros.