Reacción con el sistema de pesos y contrapesos

El Congreso estuvo prácticamente inactivo este año, pero ayer reaccionó para empezar a neutralizar el fallo de la Corte Suprema que aplicó la derogada Ley del 2x1 a un represor de la última dictadura. Lo hizo a través de la Cámara de Diputados, en un pronunciamiento multipartidario que significó un duro revés para los jueces que firmaron esa resolución.

El acuerdo entre los distintos bloques de la Cámara baja, incluido el oficialista, puso en tela de juicio la constitucionalidad del fallo firmado por los magistrados supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, en un camino inverso al que suele recorrer el sistema de pesos y contrapesos de un Estado republicano. También incomodó al Poder Ejecutivo en términos políticos.

De hecho, esta tarde tendrá lugar una marcha en la Plaza de Mayo en la que –con certeza- los manifestantes cargarán el costo político por el fallido de la Corte a el presidente Mauricio Macri, quien no se pronunció sobre la controversia, pese a que varios ministros rechazaron el pronunciamiento. En la Casa Rosada alegaron que el Presidente no puede intervenir en los asuntos de otros poderes.

Pero tanto las fuerzas de oposición como los organismos de derechos humanos hicieron notar que dos de los tres jueces que firmaron el fallo –Rosenkrantz y Rosatti- fueron propuestos por Macri, primero por un decreto que se apartó del mecanismo del Senado y luego volviendo a los carriles institucionales. Aunque años antes, Rosatti había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Sin embargo, el kirchnerismo obvió ese detalle y pidió el juicio político por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” para ambos magistrados y también para Highton de Nolasco. En esa línea, el diputado Cabandié deslizó su sospecha de que la jueza pudo firmar el fallo “como parte de un acuerdo para perdurar en el cargo más allá de los 75 años”, que cumplirá hacia fin de año.

Tanto en la Cámara de Diputados como en otros ámbitos de la política, los cuestionamientos para los tres jueces que firmaron el polémico fallo corrieron a la par de una reivindicación para Lorenzetti, el presidente de la Corte, que emitió su resolución en disidencia junto a su colega Maqueda. Lorenzetti venía siendo duramente objetado por la diputada oficialista Elisa Carrió.

A tal punto, que la fundadora de Cambiemos llegó a pedir el juicio político al presidente de la Corte, pero no obtuvo el consenso necesario ni siquiera dentro de la alianza gubernamental. La reacción de Lorenzetti se produjo a través de una demanda, pero el juez supremo también mostró su cintura política al no ejercer su influencia en el tribunal para emitir un fallo de conjunto.

Para decirlo claramente: Lorenzetti fue el primero en advertir que la aplicación del 2x1 para los delitos de lesa humanidad dejaría en “off side” a sus colegas del máximo tribunal, pero no intentó convencerlos de lo contrario. En el Palacio de Justicia llamó la atención, en este punto, que el presidente de la Corte que siempre promovió fallos unánimes, esta vez se limitara a la disidencia.

Más allá de los pliegues internos de la Corte Suprema, un tribunal que suele moverse en consonancia con los tiempos políticos, lo cierto es que ahora Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco están en la mira de la propia Justicia, luego de que el fiscal Marijuán los imputara por fallar en sentido contrario a derecho, lo que en términos jurídicos se denomina “prevaricato”.

En ese terreno se registra una discusión sobre si estos tres jueces se pronunciaron de esa manera porque había un “bache legal” o si pasaron por encima de la Constitución y de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. “Utilizaron una ley derogada, que no estaba vigente al momento de los hechos y tampoco cuando fueron condenados”, dijo la diputada Donda.

CARRIO CONTRA LOS MONTONEROS

A su vez, Carrió sostuvo en el recinto que “desde el punto de vista del positivismo jurídico, es correcto” el fallo, pero aclaró que no lo comparte. La jefa de la Coalición Cívica buscó contener especialmente la avanzada del kirchnerismo, la fuerza que más se agitó por la decisión de la Corte, al advertir que en el mundo “se empieza a considerar al terrorismo un delito de lesa humanidad”.

La referencia de Carrió apuntó contra los miembros del FpV que tienen raíces políticas en la organización Montoneros. La legisladora lo dejó en claro al enfatizar: “Los soldados de Formosa también tienen derecho a la verdad”. Así aludió a un ataque contra un regimiento de esa provincia ocurrido en 1975, seis meses antes de que se instalara la Junta Militar como gobierno de facto.

Los cruces entre oficialistas y opositores dieron paso, no obstante, a un pronunciamiento institucional de la Cámara de Diputados, que mañana mismo será completado por el Senado.

La reacción del Congreso frente al fallo de la Corte aplicó el sistema de pesos y contrapesos. Y puso en evidencia al Poder Ejecutivo unipersonal, que aún está a tiempo de romper el silencio.