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El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer por presunto prevaricato a los tres jueces de la Corte Suprema que votaron, en mayoría, a favor de la aplicación del “2 x 1” a un represor de la última dictadura, al requerir que se abra una denuncia penal para que se investigue si fallaron contra la ley.
El funcionario del Ministerio Público dictaminó que el fallo de la Corte “podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”.
“Esta parte -dice el escrito- formula el correspondiente requerimiento de instrucción impulsando la acción penal en orden a la presunta comisión de delito de acción pública que se desprende de los hechos denunciados” en torno a la figura de prevaricato, que castiga al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley.
Marijuan añadió: “Conforme a los términos de la denuncia del doctor Marcelo Parrilli resultan imputados en autos los señores jueces de la Corte Suprema de la Nación Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, Dr. Horacio Daniel Rosatti y Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz”.
El fiscal planteó en su dictamen que Parrilli, también ex legislador porteño, mencionó “el modo en que fueron designados inicialmente dos de los Ministros de la Corte”, en referencia al decreto del presidente Mauricio Macri que quiso nombrar jueces a Rosatti y Rosenkrantz a través de decreto. También recordó la legislación internacional acogida en las leyes de Argentina que dispone que los delitos de lesa humanidad “no pueden ser objeto de amnistía indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.
“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país”, redondeó.
En el dictamen de seis carillas, Marijuan solicitó poner en conocimiento de los jueces de la Corte mencionados “la existencia de este legajo, conforme a lo establecido 73 y 104 del Código Procesal Penal” a los fines de “evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías con los cuales cuenta cualquier persona imputada en un proceso penal”.
También pidió que se incorpore a la causa copia del fallo de la Corte dictado la semana pasada y el de la Cámara Federal de Casación Penal de 2013, donde se le negaba la aplicación del “dos por uno” a Luis Muiña, el condenado en la causa por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Hospital Posadas y sobre cuyo caso ahora falló la Corte.
El juez Daniel Rafecas debe definir ahora si abre una investigación.
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