El ex gestor financiero Leonardo Fariña declaró como imputado durante esta madrugada en los Tribunales Federales de Comodoro Py, un horario inusual para la Justicia, en la causa por presunto lavado de dinero que tiene al empresario kirchnerista Lázaro Báez como principal acusado.
Así lo revelaron esta mañana fuentes judiciales y atribuyeron el llamativo horario del trámite procesal, de las 23hs. de anoche a las 5hs. de la madrugada de hoy, a que Fariña se encuentra acogido al Programa de Protección a Testigos e Imputados, por lo cual goza de custodia especial, entre otras prerrogativas de seguridad y reserva de datos de su vida privada.
Según la información que el Juzgado Federal de Sebastián Casanello había difundido oportunamente, Fariña había sido citado para esta mañana, a las 10hs., para ampliar su declaración indagatoria en la causa en que está procesado junto a Báez, el ex financista Federico Elaskar y varios más.
Fariña, que estuvo detenido por evasión tributaria agravada, en una causa donde también está involucrado Báez, se pasó a "imputado colaborador" y ha venido aportando información a la Justicia, e incluso dio detalles de las operaciones financieras que aseguró haber hecho para Báez.
La ampliación de su indagatoria se produjo horas después de que el ex financista Federico Elaskar también declarara como imputado y asegurara que Fariña "le robaba plata a Lázaro" aunque reconoció que "no sé exactamente cuánto. Sí sé que fue mucho".
Según explicó, Fariña le sacaba dinero a Báez pero como no podía justificar su patrimonio consiguió un testaferro, al que se identificó como Carlos Molinari (también procesado) a quien le pedía que le pagara su casamiento con Karina Jelinek, los autos y los viajes hasta que, según la declaración, éste también se quedó con dinero de Fariña.
En anteriores indagatorias y escritos espontáneos, Fariña informó cómo se fijaban supuestos sobreprecios para los "retornos" de las diferentes reparticiones involucradas en las adjudicaciones de obras públicas.
El llamado "valijero" afirmó que se pagaba a los contratistas un "anticipo financiero" que disimulaba coimas de entre 10% y 20% del monto de la obra que de inmediato eran reintegrados a los funcionarios y señaló que luego de la muerte de Néstor Kirchner hubo "un nuevo paradigma" armado por Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, para "perseguir empresarios".
De acuerdo a ese relato, "esta nueva arquitectura de poder era muchísimo más verticalista y cerrada que la originaria y muchísimo más asfixiante para los empresarios dado que el control sobre los mismos se tornó inmanejable y se radicalizaron las prácticas".
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