“Bajar las velocidades máximas es una medida con buenas intenciones, pero que no va a solucionar el problema de las muertes en el tránsito por múltiples factores.
El primero de ellos instala la siguiente pregunta: ¿quién va a controlar que las nuevas velocidades se cumplan y cómo? ¿Se seguirá multando al infractor tiempo después de cometida la falta y sin interrumpir la infracción como se hace ahora?
Esa forma de controlar no es eficaz y además va en contra de la ley nacional que establece que la autoridad tiene que interrumpir la infracción.
De la forma en que hoy se controla, la autoridad municipal, provincial y nacional incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la falta no se detiene y la misma persona que es detectada cometiendo un exceso de velocidad frente a un radar puede protagonizar un accidente unos metros más adelante.
Hay otras objeciones que se le pueden hacer a la potencial eficacia de este proyecto.
Una de ellas es que chocar en una autopista a 120 o a 110 kilómetros por hora tendría efectos similares.
otras objeciones
Otra tiene que ver con lo establecido por la ley nacional en la actualidad, que permite a municipios y provincias bajar la velocidad máxima a través de la cartelería cuando lo considere necesario.
Eso deja en evidencia que las velocidades máximas actuales no son homogéneas, que todo depende de cada caso.
Entonces, considero que tendría que ser analizado de esa manera, tomando en cuenta cada situación en particular.
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