El ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Terán, y su ex vice, Fabio Aquino, fueron procesados ayer con prisión preventiva al darse por probado que integraron una asociación ilícita para la venta de drogas que usó a niños para llevar a cabo el delito, amparados por policías y otros miembros de fuerzas de seguridad.
Según el procesamiento de 642 carillas del juez federal porteño Sergio Torres, la organización delictiva usaba a chicos de edad escolar a los que llamaba “escueleros” para la descarga de la marihuana que llegaba en balsas desde Paraguay y se estimó que la cantidad de droga que ingresaba en la localidad superaba las 15 toneladas semanales.
Además de Terán (51) y de Aquino (36), el magistrado procesó a otros 26 acusados, a 25 de ellos con preventiva y embargos de un millón y medio de pesos, y entre los cuales figuran el ex miembro de Prefectura Naval Julio Saucedo (25) y el comisario de Itatí Diego Alvarenga (51).
En su resolución, Torres explicó que la banda operó desde mayo de 2014 y que montó una ruta de acceso por vía fluvial desde Paraguay para luego distribuir y comercializar la droga en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Terán, jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes, era el encargado de “coordinar la obtención de la droga” y dar protección a los demás integrantes de la banda, lo mismo que su ex viceintendente, quienes tendrían un “vínculo cercano con autoridades de la gobernación”, se remarcó en el fallo.
El juez consideró que Saucedo, Carlos Bareiro (38) -actualmente preso en Chaco- y Federico Marín -prófugo- tendrían un desempeño preponderante en la banda y coordinaban en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito, obteniendo el mayor rédito comercial.
En el caso del ex miembro de la Prefectura, Saucedo, se concluyó que distribuía la droga y se investiga si hasta gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería. El comisario Alvarenga “brindaba protección a los narcotraficantes, información y acción directa frente a un procedimiento de otra fuerza, invocando jurisdicción local”, remarcó el juez sobre el detenido que guardaba dos panes de marihuana en su seccional. “Cachito” Bareiro, por su parte, coordinaba la venta de la droga desde la cárcel gracias a las visitas que recibía, entre ellas la de un prófugo en la causa, Hugo Ayala, y también mediante el uso de teléfonos celulares que tenía en su poder.
Sobre los demás miembros,Torres indicó que “estarían abocados a la manipulación directa de la droga, su transporte, al monitoreo de las rutas y caminos alternativos, como así también a coordinar con quienes recibirían los cargamentos de estupefacientes”. En la investigación, el juzgado estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná.
Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores. Por el uso de los “escueleros”, al dictar los procesamientos, Torres entendió que el delito estaba agravado por “haberse servido de menores”.
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