Cierran la instrucción por el crimen de un abogado

La fiscal penal del Crimen de La Plata, Virginia Bravo, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen del abogado Miguel Angel Gómez, ocurrido en 2015 en una vivienda de City Bell.

Para la titular de la instrucción, Marina Paola Irala, la esposa de la víctima, y Cristian David Olguín, quien sería su pareja por fuera del matrimonio, son los autores del homicidio.

Así, al plantear la materialidad ilícita, mencionó que “se acredita a esta altura que, pasadas las 22.40 del da 15 de noviembre de 2015, al menos dos personas de sexo masculino (una al presente no identificada) habrían ingresado al domicilio de calle 464 Nº 981 de City Bell concertadamente con su moradora, atacando a (...) Miguel Angel Gómez, a quien golpean salvajemente con golpes de puño a la par que, utilizando elementos cortantes, le provocaron heridas predominantemente en cabeza, cuello y tronco, que lo conducen a estado de indefensión y, con elemento candente, le infieren quemaduras de diferente consideración en hemitórax, hipocondrio, brazos y pie derecho, colocándole cinta adhesiva alrededor de la cabeza a la altura de los ojos y una bolsa que sujetaran con una corbata propiedad de aquél anudada al cuello, siendo que ya agonizante y envuelto en un acolchado de la vivienda, lo ascienden a su rodado Volkswagen Gol Trend, patente MYP-186, conduciéndolo hasta un descampado en 143 y 511”.

La fiscal Bravo consignó también que “el rodado con el cadáver a bordo fue encontrado en las primeras horas de la mañana del 16 de noviembre de 2015 en el lugar, presentando signos de haberse intentado infructuosamente prenderlo fuego. Resultando que la muerte se habría producido por traumatismo grave de cráneo y asfixia por aspiración de sangre”.

Por este caso, a Irala le imputaron el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos personas en los términos del artículo 80 inciso primero, segundo y sexto del Código Penal”, mientras que a Olguín, quien tendría antecedentes por venta de estupefacientes, “homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos personas en los términos del artículo 80 inciso segundo y sexto del Código Penal”.

El abogado asesinado presidió durante dos años la Cámara Empresaria del Polígono Industrial de Berisso (Cepib), a donde se había acercado en calidad de asesor de una empresa metalúrgica.

Entre los años 1985 y 1986 fue delegado de la Casa del Partido de la Costa en Capital Federal. Antes, en 1983 había participado de la interna peronista en aquél distrito, y perdió. Vivió muchos años en el partido de la Costa, pero decidió radicarse en La Plata. Tiempo después se vinculó a la actividad de la pesca y trabajó junto a un subsecretario de Pesca en la Provincia.

También trascendió que la víctima tenía fuertes vinculaciones políticas.