La Ciudad debe librar su batalla contra la contaminación visual

Hace ya muchos años que la Ciudad ofrece a la vista el desprolijo panorama de una pegatina descontrolada de afiches callejeros que promocionan las actividades más diversas, sin que encuentren vigencia efectiva las normas que regulan el uso de la publicidad en la vía pública. En este sentido, tal como se señaló en un artículo publicado ayer en este diario, es obvio que la ordenanza que establece pautas sobre este tema, si bien tiene sanción desde hace año, no se hace cumplir en absoluto. Lo cierto es que no existe freno alguno para este nocivo fenómeno y que la Ciudad demora la batalla que debiera librar contra la contaminación visual.

En ese contexto general, resulta digna de mención la medida adoptada por la dirección de Obras Particulares, dirigida a que los cercos de obras cuenten con una malla de hierro protectora que impida la libre pegatina de afiches callejeros. Desde la Municipalidad se aseguró que esta medida se ajusta a lo prescripto por la Ordenanza 9168, que impone que la publicidad callejera respete valores patrimoniales y de preservación, así como la integridad ecológica, arquitectónica y urbanística de la Ciudad.

Las fuentes comunales añadieron que los cercos de obra suelen ser utilizados como espacios para la fijación libre de afiches, lo cual está prohibido por la ordenanza que regula la publicidad en vía pública, ya que genera contaminación visual para los automovilistas, además de afear la estética urbana, dando un aspecto de suciedad.

Ciertamente, resulta llamativa la permisividad que imperó en las últimas y sucesivas administraciones. Sin embargo, en no pocas oportunidades, la propia Municipalidad agravó las cosas al permitir la instalación de grandes pantallas de led en esquinas conflictivas, que distraen la atención de los automovilistas y aumentan los niveles de contaminación visual y de inseguridad en el tránsito.

En anteriores ocasiones en que se trató este tema, desde la Municipalidad se aseguró que no se pretendía aplicar en forma rigurosa la ordenanza, sino de manera gradual. Se ignoró entonces que las normas no se aplican “en cuotas”, salvo que ellas mismas contemplen una aplicación progresiva

En otras oportunidades los funcionarios dijeron que no se estaba haciendo cumplir la ordenanza “con dureza”, en una definición de tipo eufemístico, que también genera incertidumbre. ¿Cuál es el criterio para aplicar algunas normas a rajatabla y otras no? ¿Por qué en algunos casos se actúa con dureza y en otros de un modo contrario?

Estas constantes indefiniciones generan desigualdades pero además debilitan el poder de policía que debe ejercer el municipio. Una ciudad en la que las normas se dictan pero no se hacen cumplir se termina acercando peligrosamente a un festival de “vale todo” en el que cada uno, en definitiva, termina haciendo lo que quiere.

No se trata de actuar en forma espasmódica y de salir un día con toda la artillería a la calle y después dejar hacer durante un largo tiempo. El objetivo, en cambio, debería ser el de promover un sistema permanente de respeto a las normas vigentes, en el que los incumplimientos sean sancionados. De lo contrario, se alienta la sensación de que lo mismo da ajustarse a las normas que no hacerlo.