“Asustada, ansiosa, arrepentida de haberme operado”. Así se sentía Mariana, una platense que hoy tiene 35 años, al enterarse en 2012 que llevaba en su cuerpo las polémicas prótesis francesas prohibidas en varios países del mundo por contener una silicona industrial no autorizada para uso médico.
Cuando Mariana -una docente y madre de dos hijos- decidió operarse en 2010, las protesis PIP -que no tardarían en convertirse en el centro de un escándalo de alcance internacional- no despertaban todavía sospechas entre la comunidad médica: eran sólo una marca más.
Dos años más tarde, al conocerse que su contenido aumentaba siete veces el riesgo de ruptura, ella ya no pudo dejar de sentirlos como un cuerpo extraño que ya no quería tener dentro de sí: vivía limitando sus movimientos por temor a que las prótesis se rompieran y empezó a buscar la forma de sacárselas.
Aunque por entonces compartió su preocupación con el cirujano que la había operado y éste aceptó retirarle las prótesis sin cargo, le pedía que comprara las siliconas de reemplazo, un gasto que la situación económica de Mariana le impedía en ese momento afrontar. Pero lo más desesperante para ella era “la incertidumbre de no tener del todo claro qué riesgos” implicaba seguir con ellas hasta poder someterse a su extracción.
La situación de su hermana, tres años mayor que ella, quien también se había colocado prótesis PIP, era todavía peor: a pesar de haber tenido un desprendimiento de pezón, el impacto psicológico que esto le produjo hizo que postergara durante meses la consulta por pudor.
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