La causa que investiga la supuesta estafa es investigada por el juez sanjuanino Martín Heredia Zaldo, quien ya habría librado órdenes de captura. En las próximas horas se iniciarían procesos similares en Tucumán y en Córdoba, anticiparon fuentes oficiales.
Entre los damnificados hay policías, gendarmes, efectivos del servicio penitenciario, periodistas y abogados.
El asesor legal de UCALP, Rafael Ignacio Pereda, confirmó que, además de radicar la denuncia y colaborar con la Justicia, la entidad envió representantes a las distintas provincias donde operaba el grupo.
Según precisó el abogado, se hicieron dos presentaciones legales: por un lado la falsificación de la firma, el sello y el logo de la UCALP y por el otro la presunta estafa que tendría, por lo menos, 40 damnificados.
Pereda detalló que la maniobra se habría desarrollado entre los años 2015 y 2016, aunque se conoció recién hace poco más de un mes, con la aparición sistemática de agentes que contactaron a la Universidad para consultar por la veracidad de los títulos presuntamente extendidos por la misma.
El asesor legal remarcó que “en San Juan la actividad que se desarrollaba sin ningún aval oficial de la UCALP se declaró de interés legislativo, por lo que se investigará si alguna institución está involucrada en la maniobra”.
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