Una multa por US$ 3 mil millones

SAN PABLO.- El grupo J&F, controlador de la empresa JBS, rechazó pagar el monto solicitado por la Fiscalía brasileña para cerrar un acuerdo de indulgencia, el que fue negociado tras confesar su implicación en el gigantesco escándalo de corrupción que involucra al presidente, Michel Temer.

La Fiscalía había solicitado el pago en diez años de 11.000 millones de reales (unos 3.384 millones de dólares), equivalente al 5,8 % de la facturación obtenida por el grupo en 2016, pero la defensa de J&F tan sólo ofreció 1.000 millones de reales (unos 307 millones de dólares).

A diferencia de un acuerdo de “delación premiada”, que se refiere a un pacto entre la Justicia y un imputado a título personal, el acuerdo de indulgencia se alcanza entre las autoridades y una empresa que decide colaborar con las investigaciones.

Para alcanzar este tipo de acuerdo es preciso que la empresa reconozca su participación en actos ilícitos, pague por los prejuicios causados y colabore con la investigación.

La delación realizada por los Batista salpicó a 1.800 políticos de todo el arco partidario y puso contra las cuerdas al presidente Temer.

Joesley desmenuzó los supuestos sobornos ofrecidos al presidente y entregó a las autoridades una grabación en la que, según la Fiscalía, Temer le dio el aval para comprar el silencio de un diputado preso por corrupción.

Acorralados por denuncias, los hermanos Batista planificaron su jugada: se anticiparon a un posible pedido de prisión, buscaron a las autoridades por cuenta propia y les entregaron la lista de políticos a los que entregaron coimas durante años.

Conscientes del impacto que su delación tendría en los mercados, los empresarios habrían comprado una importante cantidad de dólares la víspera del escándalo, sabiendo que el real brasileño se desplomaría con la crisis. (EFE)