Son horas sensibles en la llamada causa de los sobres de la Departamental La Plata. Es que, de un momento a otro o mejor dicho, de un acuerdo a otro, la Suprema Corte bonaerense debe definir un detalle clave en ese expediente: si el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal bonaerense tiene, o no, carácter suspensivo.
Si considera lo primero, los ochos imputados que hay en el proceso, a cargo del fiscal Marcelo Martini, podrían evitar caer nuevamente en prisión, al menos hasta que se expida el máximo órgano judicial del país: la Corte Suprema de la Nación, si es que el representante del Ministerio Público solicita su intervención para que lo revoque.
En cambio, si la resolución le quita el aspecto suspensivo, la actual situación de libertad de la que gozan Darío Camerini; Rodolfo Carballo; Walter Skramowskyj; Ariel Huck; Sebastián Cuenca; Raúl Frare -hoy detenido por el caso de los caranchos (ver aparte)-; Julio Sáenz y Maximiliano Velázquez, entraría en serio riesgo.
Cabe destacar que los miércoles es el día en que los jueces de la Suprema Corte bonaerense se reúnen en acuerdo. Y ya pasaron dos sin que tocaran el tema de los sobres, pese a que la Secretaría Penal ya llevó el expediente para su análisis.
Los voceros consultados por este diario no refirieron un plazo para que salga ese fallo, aunque se descuenta que podría ser de un momento o un acuerdo a otro. Tal vez pasado mañana.
“ARBITRARIA”
Mientras tanto, la defensa de parte de los imputados, que encabezan los abogados Oscar Salas y Christian Romano, recurrieron la decisión de la jueza de garantías, Marcela Garmendia, que le fijó a cada uno de los imputados un embargo preventivo de 800 mil pesos.
“Si el monto lo fijó teniendo en cuenta el supuesto dinero mal habido en todos los años en que estuvieron trabajando, a razón, según se refleja en la causa, de unos 200 mil pesos mensuales, estaríamos hablando de una cifra escandalosa. Por eso, estos 800 mil pesos dispuestos como cautelar resultarían exiguos. Y si el parámetro fueron los 153.700 pesos, que dicen haber secuestrado en la Departamental, esa plata es un escándalo de mucho”, indicó Salas.
“Nosotros apelamos esa medida porque es tan arbitraria como ridícula”, agregó.
EN LA MIRA
Otro funcionario en la mira en el marco de esta causa es Juan Miguel Retamozo, ex titular de la comisaría cuarta, y a quien se conoció como “el policía que nunca escribe”.
Retamozo figuraba en el listado de los 10 jefes policiales que Martini pidió detener el año pasado, porque su nombre aparecía entre los sobres.
Con nueve lo logró (entre ellos Federico Jurado, quien falleció estando detenido en la Unidad 9), por los resultados de los peritajes caligráficos -que seis aceptaron realizar- o cotejos que se hicieron con la documentación en las que aparecían los cuerpos de escritura -de los otros tres-. Pero en el legajo de Retamozo no había nada. Ni siquiera una letra.
Igualmente, fue imputado e indagado en el caso, aunque quedó afuera del pedido de elevación a juicio que ya hizo Martini para el resto de los procesados.
Por último, María de los Angeles Ramírez, una oficial administrativa que trabajaba en la secretaría Departamental, también quedó mencionada en el expediente, pero por otros cargos: ya no como integrante de una supuesta asociación ilícita, sino -aparentemente- por encubrirla.
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