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La investigación penal sobre el albañil que reconoció haber cobrado 1.500 pesos para denunciar en la Justicia a la diputada nacional Elisa Carrió (CC-Cambiemos) por supuesto enriquecimiento ilícito quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, se informó ayer en los tribunales.
Al titular del juzgado federal 9 le tocó por sorteo efectuado en la Cámara Federal el expediente que deberá investigar a Saúl Enrique Paz, un empleado de la construcción, con instrucción primaria y residente en la localidad bonaerense de Derqui.
Paz había faltado a las dos citaciones del juez federal Daniel Rafecas para que ratificase la denuncia y el jueves pasado el magistrado ordenó a la fuerza pública ir a buscarlo y acercarlo al juzgado.
Allí, el denunciante confesó que había sido llevado a Comodoro Py por un tal Alan González a radicar una denuncia laboral, que no había leído el texto del escrito presentado contra Carrió y que por ello cobró 1.500 pesos.
Luego de ello, Rafecas resolvió desestimar y archivar la denuncia, a la vez que dispuso investigar a Paz por el supuesto delito de “falsa denuncia” y a quienes lo hayan instigado.
Ya el jueves pasado la jefa de la Coalición Cívica había advertido, en un comunicado, que le “pagaron” 1.500 pesos al denunciante que la había acusado de presunto “enriquecimiento ilícito”.
“Esto es vergonzoso, un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial”, afirmó la legisladora.
Y agregó: “También es un enorme escándalo que haya tantas causas fraudulentas tramitándose en la Justicia, tanto en el gobierno anterior, como durante este”.
Por otro lado, el juez federal Claudio Bonadio rechazó un planteo de recusación en su contra presentado por el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia kirchnerista Oscar Parrilli, procesado en una causa por un libro que no se publicó. Según se explicó en Tribunales, el magistrado no admitió el pedido de apartamiento y lo elevó a la Cámara Federal para que resuelva.
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