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Aguer cuestionó la ley que obliga a hablar de 30 mil desaparecidos

“Se impuso un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la dictadura”, fustigó

Monseñor Aguer junto a la gobernadora Vidal y el Intendente - gonzalo mainoldi

Por Redacción

El arzobispo de La Plata monseñor Héctor Aguer, cuestionó ayer con dureza la ley que obliga de manera oficial a hablar de 30 mil desaparecidos en el último gobierno militar. Durante el Tedeum que se desarrolló en la Catedral con motivo de la celebración del 25 de Mayo y frente a la gobernadora María Eugenia Vidal y varios de sus ministros, Aguer afirmó que “en la Provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura”.

“Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, dijo y analizó que el número de desaparecidos “es discutido por las personas que han trabajado en tratar de esclarecer esa tragedia espantosa, como Ernesto Sábato o Graciela Fernández Meijide”.

‘¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?’. No corresponde una ley para eso”, añadió.

Esa norma fue impulsada por el senador kirchnerista Darío Díaz Pérez y determina que las publicaciones oficiales deben consignar como “cívico militar” a la última dictadura y el número de 30.000 junto a la expresión “desaparecidos”.

Vidal, que estuvo en la Catedral junto a varios de sus ministros y el intendente Julio Garro, se retiró sin hacer declaraciones sobre la polémica cuestión. Luego hablaron algunos de sus funcionarios.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, aseguró que “se está trabajando en la reglamentación de la ley de manera tal que no atente contra la libertad de expresión”, al tomar las advertencias que realizaron entidades periodísticas.

En diálogo con este diario, el Secretario General, Fabián Perechodnik, dijo que “tomamos las palabras de monseñor en el sentido de que la norma se votó en la Legislatura y respetamos la división de los poderes”.

De todas formas, en otros ámbitos de la Gobernación se sostenía que la ley “es de muy difícil aplicación”, ya que tal como está redactada “termina teniendo un espíritu sólo declarativo”.

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