“Alguien lo tiene que decir”

“No creo en los privilegios, más aún, suelen ser discriminatorios. Pero en éstos tiempos donde la criminalidad aumentó sin duda, y que además -por cuestiones que exceden éste comentario- ha puesto en tela de juicio a la administración de justicia toda, entiendo que gran parte de la opinión pública aumentó las críticas a los funcionarios judiciales, a la ligera, y sin saber quién es quién y su perfil funcional y personal. Un Fiscal de la Provincia de Buenos Aires tiene que tener una custodia mientras ejerce su función pública, porque la tarea propia que realiza lo pone en constante riesgo potencial de ser agredido o atacado por sujetos que han perdido la capacidad de respetar los límites y adecuarse a las normas institucionales de la convivencia social. Un Fiscal de la Provincia de Buenos Aires es un Magistrado Judicial y no puede ser considerado solamente un empleado público, porque su preparación, tarea, responsabilidades y eventuales riesgos, lo colocan en un lugar de la sociedad diferente. Y no significa lo que traigo dicho darle a éstos funcionarios un privilegio, sino una protección por parte del Estado y sus superiores jerárquicos, que es necesaria.

Jamás debió dejarse a la buena de Dios a alguien que realiza una función tan delicada y trascendente. Y ya hace muchos años que los fiscales andan sin protección por las calles. Los motivos son muchos quizás, se han indicado cuestiones de seguridad -los policías deben estar en las calles y no en los despachos- o presupuestarias, y en alguna oportunidad recuerdo que alguien dijo públicamente que no había coronita para nadie.

Por ésta razón, sabiendo perfectamente quiénes son los funcionarios que hasta hace muy poco eran mis colegas y compañeros de tareas, conociendo su trabajo y los riesgos inherentes al mismo, y alarmado por lo que sucede y puede aún suceder si ésta situación no se contempla y se maneja como corresponde por parte de las autoridades judiciales con competencia para ello, sentí la necesidad de contarle a la ciudadanía mi visión y experiencia personal durante el ejercicio de la función pública judicial. Hoy estoy acogido a los beneficios jubilatorios y he comenzado a ejercer la profesión libre del otro lado del mostrador. Solo espero sinceramente, que las declaraciones del Señor Procurador General Dr. Julio Conte Grand en cuanto a que lo sucedido a Cartasegna es de “gravedad institucional” no queden allí como títulos de prensa y nada más. La administración de justicia desarrollada con dignidad y profesionalidad, también requiere seguridad para sus operadores, y tal como están hoy las cosas, puede pasar cualquier desgracia”.