La inspección general de justicia (IGJ) intimó el viernes pasado a Odebrecht Argentina SA para que presente los balances adeudados correspondientes a los años 2015 y 2016. Las autoridades del IGJ otorgaron el plazo de 20 días para la regularización de su situación. En caso contrario, la firma podría sufrir algún tipo de sanción, como multas a la sociedad, a sus directores y síndicos.
Asimismo, el organismo detectó presuntas irregularidades en los balances del 2014, donde la firma no consignó que se dedicaba a la obra pública. Por el tipo de empresa que es, la sucursal nacional de Odebrecht no se enmarca en la Ley que obliga al organismo a fiscalizar; sin embargo, se le podría realizar una inspección de carácter extraordinario.
Hoy en día, tres juzgados investigan contratos de Odebrecht Argentina: el juez Casanello investiga la construcción de la planta potabilizadora de Tigre que Aysa le entregó al consorcio liderado por la brasileña; el juez Daniel Rafecas investiga la ampliación del gasoducto norte donde Cammesa subcontrató a Odebrecht, y el juez Marcelo Martínez De Giorgi investiga la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.
El juez Sebastián Casanello debe recibir en los próximos cinco días todos los expedientes relacionados con la firma, tanto en Argentina como a nivel internacional. Ayer, el magistrado envió una orden de presentación requiriendo toda la documentación “para su resguardo” luego de que la diputada Margarita Stolbizer (GEN) denunciara el extravío y posterior reconstrucción de un expediente.
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