La Procuración General de la República de Brasil advirtió ayer a su par de Argentina, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que los datos aportados por directivos “arrepentidos” de Odebrecht no pueden ser revelados públicamente.
Mediante una nota enviada a la Procuración General argentina, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros reclamó que “se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil”.
“Existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal suspenda la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con otros países y que contienen la colaboración de ex directores de la empresa, decisión que tendrá efecto a partir del 1 de junio”, explica la nota.
En ese contexto, el procurador brasileño subrayó: “Hice una solicitud formal y expresa al Supremo Tribunal federal para que se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil”.
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