Un juez de instrucción porteño ordenó ayer un operativo -retiro de documentación- en una sede de la Procuración General de la Nación, en una causa en la que se investiga a la procuradora Alejandra Gils Carbó por el alquiler de un edificio que no fue utilizado.
La “orden de presentación” ejecutada por la Policía Federal fue dispuesta por el juez subrogante Rodolfo Cresseri, quien fue cuestionado por fuentes del Ministerio Público Fiscal que sostuvieron que no tiene competencia para intervenir en la causa.
El operativo se produjo en la causa contra Gils Carbó por “defraudación contra la administración pública” nacional que se inició a partir de una denuncia realizada por el fiscal José María Campagnoli tras una publicación periodística.
LICITACION DEL EDIFICIO
Los efectivos de la Policía Federal se llevaron de la sede de la Procuración en Avenida de Mayo documentación vinculada con la licitación del alquilar edificio de Corrientes 1615, con el pago de alquileres y con el uso que se le pretendía dar, informaron fuentes judiciales.
La denuncia se produjo luego de que saliera publicado que la Procuración había alquilado el edificio de la avenida Corrientes entre julio de 2015 y enero de 2016 por una suma aproximada de 6,5 millones de pesos, aunque nunca se usó.
Gils Carbó relativizó la denuncia, sostuvo que el edificio era para alojar nuevas fiscalías que iban a entrar en funcionamiento a partir de la aplicación del sistema acusatorio aprobado por el Congreso en 2015 pero que luego vetó el presidente Mauricio Macri.
CUESTIONAMIENTO
Desde la Procuración General cuestionaron el procedimiento de ayer porque fue realizado “por un juez subrogante notoriamente incompetente, en una causa notoriamente falsa y con hechos comprobables que desmienten la denuncia”.
El juez “ordenó un procedimiento que atribuimos a la posición que tuvimos respecto de los juicios de lesa humanidad y en contra de la libertad de los genocidas”, sostuvieron fuentes de la Procuración.
INVESTIGADA
Aunque la procuradora ya está siendo investigada en la Justicia Federal por la compra de otro edificio (una causa en manos del juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano), el juez Cresseri es quien interviene en este otro expediente
Debido a la situación, el fiscal de instrucción José María Campagnoli formuló entonces una denuncia que deriva ahora en la orden del juez Cresseri para busca documentación sobre tal alquiler.
Fuentes de la Procuracion insistieron en que “no se trató de un allanamiento sino de una orden de presentación” en el edificio que funciona en la sede de Avenida de Mayo 760.
En fuentes judiciales destacan que se trata de la primera Procuradora General de la Nación en ejercicio que está imputada en una causa que investiga posible corrupción por la compra del edificio central de su organismo, al que ahora se sumó el alquiler de otro inmueble.
Es precisamente en esta última causa donde se ordenó el procedimiento en uno de los lugares de trabajo de la Procuradora.
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