La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en las últimas horas tres presentaciones que buscan evitar que se aplique el beneficio del “dos por uno” a los represores de la última dictadura firmado por la Corte Suprema la semana pasada.
Al planteo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se sumaron ahora las presentaciones del abogado Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de la diputada de Cambiemos Anabella Hers.
En líneas generales, los escritos buscan que la CIDH dicte una medida cautelar contra el Estado argentino.
Al fundamentar la violación de los derechos humanos, los peticionantes reclaman que se esclarezca si “es convencionalmente válido modificar la duración de la pena dictada a una persona autora de delitos de lesa humanidad (alguno de ellos con carácter permanente o continuado) mediante la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, como así también, si dicho principio se aplica con la misma intensidad o alcance sin diferenciar entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes, o bien, adquiere una intensidad o alcance distinto se trate de uno u otro delito”.
En tanto, el constitucionalista Gil Domínguez pidió a la CIDH que dicte “una medida cautelar mediante la cual se ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390 para el cómputo de la detención y de la pena que deben cumplir los condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad”. Y que “de forma urgente convoque al Estado argentino a una audiencia conciliatoria a efectos de arribar a una solución amistosa”.
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