“En todos estos años el Estado argentino ha invertido un montón de dinero en políticas de seguridad vial que no han tenido ninguna incidencia real sobre la cantidad de víctimas. Mientras tanto la contención de las víctimas y la educación vial siguen estando en manos de organizaciones civiles que se encargan como pueden sin ningún apoyo. No es sólo un problema de nuestro país; lo mismo ocurre en toda Latinoamérica. Es por eso es que nuestra petición para que se destinen más recursos para educación y prevención vial tuvo tanto apoyo: cerca de un centenar de organizaciones civiles de Chile, Paraguay, Brasil, México y otros países del continente firmaron para que la OEA reconozca el amparo de las víctimas como un Derecho Humano de cuarta generación”.
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