El Gobierno denunció un fraude millonario con viviendas en Bariloche  

Según consigna una investigación difundida este lunes por un medio de prensa porteño, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal pidiendo que se investigue un presunto fraude millonario con viviendas que se habría llevado adelante en Bariloche, durante la gestión de la ex intendenta kirchnerista María Eugenia Martini a quien se la acusa de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

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La presentación judicial, que se realizó a partir de un informe elaborado por el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, también apunta contra el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Según trascendió, el informe solicitado por el presidente que preparó Frigerio fue adjuntado a la denuncia que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Luis Rodríguez, dependencia en la que se tramitan otras causas por defraudación con la obra pública contra Julio de Vido y López.

En base a los datos del informe que publicó este lunes por el diario Clarín, se pagaron más de 400 millones de pesos para hacer casas en Bariloche pero a la fecha, a nivel general, la obra está inconclusa. Se detectaron casas inconclusas, sin puertas ni ventanas, viviendas a medio terminar con paredes sin pintar ni revocar y terrenos completamente vacíos.

Estas obras sin terminar corresponderían al programa federal "Techo Digno", lanzado por la gestión kirchnerista en diciembre de 2013.  Tanto el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, dependiente de López, y la intendenta de Bariloche en ese entonces, la kirchnerista María Eugenia Martini suscribieron el acuerdo.  

En la presentación se pide que sean investigadas las empresas que estuvieron a cargo de los proyectos, Alusa y Oriente Construcciones, que según el Gobierno tienen antecedentes hace décadas.

Una vez que se tomó conocimiento de esta situación se ordenó realizar una investigación sobre el documento "ACU 2274/2013" que  implicaba la construcción de 376 viviendas sociales en distintos barrios de la ciudad, con una inversión global del Estado nacional -incluidas supuestas "obras complementarias"- de 169 millones de pesos.

Lo que se buscaba era saber si los fondos habían sido entregados en su totalidad o si faltaba entregar algunas partidas. El informe que recibió el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, señala que la obra, que arrancó en febrero de 2014 y tenía que finalizar en un plazo no mayor a 24 meses, fue abonada en un 99%.

Luego se certificó que pese a que los recursos se habían destinado casi en su totalidad, el avance apenas había superado la mitad de lo previsto: 53%. Esta cifra no se condice con lo certificados de avance que presentó la intendenta Martini ya que en los documentos  figura que se concluyó con el 100% de la obra.

Otro convenio denominado ACU 624/2015, se firmó meses antes de la campaña presidencial; y tenía como objetivo la construcción de 495 viviendas por una cifra de $ 249 millones en doce meses. La auditoría señala que se certificó el avance al 100% de la obra y que se giró la totalidad de los fondos. Pero de este plan de obras no se construyó ni una pared.