La pensión por invalidez es un recurso de última instancia del sistema de seguridad social, no un subsidio genérico a la discapacidad, que se reglamentó en 1997 y, como no ha existido una modificación desde entonces, aún se aplica para definir los criterios de otorgamiento.
El sistema de pensiones no contributivas por invalidez fue creado para que las personas con discapacidad en situación de vulnerablidad social que no pudiesen trabajar tuviesen un sustento económico. En el país, en los últimos años las pensiones otorgadas aumentaron inexplicablemente de 300.000 a casi 1.500.000.
Es tarea de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales revisar la nómina de personas que reciben este tipo de pensión con la finalidad de que se otorguen realmente a quienes más lo necesitan. Las pensiones por invalidez siguen legalmente vigentes, y todos los años se revisan los casos.
Sólo en 2015 se dieron de baja 168.500 pensiones por irregularidades en su otorgamiento, por incumplimiento de los requisitos o por incompatibilidades con otros beneficios, casi el doble de las dadas de baja durante 2016.
Siendo que en cada caso se analizan requisitos legales y objetivos, ninguna persona debería perder la pensión si está en condiciones de recibirla. Nuestro compromiso como sociedad debe estar orientado a generar oportunidades reales de empleo para las personas con discapacidad. La tendencia global busca una inclusión laboral y social efectiva por medio del trabajo. Para lograrlo debemos trabajar para generar más y mejores oportunidades.
El bien común nunca se alcanza actuando por fuera de la ley y mucho menos negándole a un grupo de personas su capacidad para aportar a la comunidad. Hay que superar los prejuicios y trabajar entre todos para lograr una verdadera inclusión que aproveche los talentos de todos los ciudadanos.
(*) Secretario de Formación del partido Unión por la Libertad
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