El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijo ayer que “por supuesto” existe “complicidad policial, de la Justicia y de la política” para el funcionamiento de la feria La Salada, cuyo dueño, Jorge Castillo, fue detenido el miércoles, y aseguró que, “si hay algo que La Salada no tiene, es ser kirchnerista”.
“Combatí siempre el trabajo esclavo, el trabajo informal. Lamentablemente, en estos últimos tres años estas mafias le ganaron al poder del Estado”, remarcó el intendente lomense en declaraciones formuladas a una radio.
Allí, señaló que, “por supuesto”, para que la feria La Salada pudiera funcionar ilegalmente debía hacer “complicidad policial, de la Justicia y de la política”.
No obstante, dijo no tener conocimiento de actos de corrupción entre personal de su municipio: “Tenemos un municipio con 9.000 empleados, no digo que no pueda haber algún empleado que pueda participar de algún hecho ilícito. Con las caras visibles de la feria he tenido enfrentamientos”, subrayó.
En tanto, al resaltar el trabajo de su gestión, Insaurralde afirmó que fueron “llenados los juzgados con denuncias de patentes y marcas”.
Además, buscó desligar al kirchnerismo de la expansión de la feria ubicada en su distrito, Lomas de Zamora: “Si hay algo que La Salada no tiene, es ser kirchnerista”.
Insaurralde destacó que se podrá seguir avanzando en las investigaciones “con una Justicia firme, y las fuerzas de seguridad” y mencionó el trabajo del “ministro (Cristian) Ritondo, Eugenio Burzaco y Patricia Bullrich”.
“Esto es consecuencia de un gran trabajo de la Justicia y de la fiscalía, pero de ahí para abajo todos pusieron su granito de arena”, elogió.
El intendente de Lomas rescató “este punto de partida de encarcelar a los delincuentes” y reiteró su “gran satisfacción por el trabajo de la Justicia en estos últimos nueve meses”.
REPERCUSIONES DE TODO TIPO
Demás está decir que en el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Mauricio Macri, se entusiasman no solo por la espectacular repercusión que obtuvo el golpe al corazón de la informalidad y venta clandestina (que según la CAME ronda en los 75 mil millones de pesos anuales), sino por lo que podría ocurrir si José Castillo declara en tribunales adónde iban los sobres con presuntas coimas, que él mismo se ufanaba de repartir.
Está claro que sin protección política, policial y judicial, como bien remarcó el propio Insaurralde, el “emblema mundial del comercio ilegal y la feria de mercadería falsificada más grande del planeta”, según la definición que le dio la Unión Europea, no podía funcionar.
De allí, especulan muchos analistas, salía dinero fresco y en efectivo para sostener parte de las campañas de varios políticos.
Ahora, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó que exista un plan para cerrar la feria de La Salada y aseguró que la idea es “formalizar” el trabajo de los puesteros.
Bullrich formuló esas declaraciones a una radio, donde además comentó que “lo que se busca es ir a buscar a quiénes son los responsables” del trabajo ilegal y “no sólo secuestrar un día la mercadería, sino desarmar la informalidad y la ilegalidad que hay en la feria”.
Por último, Cristian Ritondo indicó que “llegamos a esto por la voluntad política de un presidente y una gobernadora de luchar contra las mafias, y enmarcado eso con la independencia que hoy tienen los fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires para trabajar, para que nadie más mire para el costado y con la responsabilidad de llegar a las últimas responsabilidades policiales, judiciales y políticas que tiene este caso donde se convivía con una mafia”.
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