“El Rey de la Salada” no habló y pidió protección

Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, se negó a declarar ayer en la causa que lo investiga como jefe de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria La Salada, en Ingeniero Budge, y pidió a la Justicia protección, tanto para él como para sus familiares también detenidos.

Fuentes judiciales confirmaron que Castillo fue indagado cerca de la una de la madrugada por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien lo acusó del delito de “asociación ilícita en grado de organizador o jefe” y de “homicidio en grado de tentativa calificado por haberse utilizado un arma de fuego y por haberse cometido contra un integrante de fuerzas de seguridad”.

Por recomendación de sus abogados el “Rey de La Salada” se negó a declarar, tras lo cual le solicitó a Scalera “un resguardo de integridad física tanto para él como para los miembros de su familia” presos, explicó una fuente judicial.

Castillo es una de las 21 personas que permanecen detenidas en el marco de esta investigación, entre ellas su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, como así también tres policías en actividad.

Tras la indagatoria, Castillo fue trasladado nuevamente a la Alcaidía 3 de La Plata, donde permanecerá detenido hasta tanto se resuelva su situación judicial.

Scalera aseguró que “en general, todos (los detenidos) se negaron a declarar, salvo los dos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. Ahora dispone de un mes para solicitar o no la conversión de las detenciones en prisión preventiva, tiempo que usará, dijo, para evaluar “la prueba que se ha agregado a la causa y la que se produzca en estos días”.

Ayer a la tarde se entregó en los tribunales de Lomas de Zamora el abogado Alfredo Magistrati, quien estaba prófugo desde el miércoles en el marco de esta misma causa, informaron fuentes judiciales

Tanto Castillo como sus familiares, los policías y el resto de los involucrados fueron detenidos el miércoles tras una serie de 55 allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense.

“Se pudo establecer la existencia de distintas organizaciones criminales que operan en la zona de La Salada y que claramente responden a una lógica de crimen organizado. Dentro de esas acciones desarrolladas por estas organizaciones, una de ellas es la ocupación ilegal del espacio público destinado a la instalación de puestos ilegales y al cobro ilegal de cánones, alquileres y servicios a los puesteros y comerciantes, como ser limpieza o seguridad”, dijo el fiscal.

Según la investigación, si los puesteros no podían afrontar el pago de alguno de estos “impuestos”, “eran coaccionados, amenazados y agredidos físicamente y hasta se le robaba su mercadería”.