Iniciar una nueva etapa, en la que el espacio público no sea controlado por los piqueteros. Esa fue la determinación que adoptaron ayer las autoridades porteñas antes de ordenar a la Policía de la Ciudad que despejara el bloqueo de la avenida 9 de Julio, que realizaban varias agrupaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde suelen reclamar alimentos y planes sociales.
Claro que esta nueva etapa no fue iniciada unilateralmente por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, sino que estuvo coordinada con el Gobierno nacional. Es que la administración de Cambiemos busca dar una señal contundente de que no se dejará torcer el brazo por los grupos piqueteros, que en forma previsible aumentarán la presión callejera en este año electoral.
Por eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió anoche en defensa de la Policía porteña. “Actuó después de varias horas de haberles dicho que se vayan. Estaban con las caras tapadas, con palos, con piedras. Actuó profesionalmente, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien”, dijo la funcionaria en Pilar, donde inauguró un centro de operaciones junto al intendente Nicolás Ducoté.
La reivindicación que hizo Bullrich sobre el procedimiento policial –que terminó con siete detenidos (dos menores) y tres heridos con balas de goma- fue una declaración de principios, ya que la ministra de Seguridad le venía reclamando al Gobierno porteño –en la interna de la alianza oficialista- que actuara con más determinación frente a los piquetes que se reiteran en la capital.
La postura de Patricia Bullrich no es, por cierto, individual: el propio presidente Mauricio Macri llegó a hacer público su disgusto por una oleada de piquetes en fin de año pasado e incluso le pidió públicamente a Rodríguez Larreta que abandonara la actitud pasiva que había tenido hasta el momento. Ahora, tras conseguir el traspaso de la Policía, el alcalde se puso en esa sintonía.
La pregunta que habría que hacerse ahora es si los operativos de las fuerzas de seguridad para despejar los piquetes también se realizarán en territorio de la provincia de Buenos Aires, ya que los bloqueos se reiteran en las autopistas Buenos Aires-La Plata, Panamericana y Ricchieri. En algunos casos ya intervino la Gendarmería, que será puesta a prueba en los próximos meses.
La inminencia del proceso electoral hace que las protestas tengan una orientación partidaria. De hecho, ayer estuvieron en la 9 de Julio agrupaciones como Quebracho y el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala, ésta última de filiación kirchnerista. En el Gobierno de Cambiemos están convencidos de que la ex presidenta Cristina Kirchner impulsa ahora una escalada piquetera.
Entre los manifestantes hubo varias personas con camperas de la intendencia de La Matanza, mientras que también actuaron policías de civil, no sólo de la Infantería y los motorizados. El endurecimiento del Gobierno no sólo se vio en el despliegue sobre la 9 de Julio, sino también en territorio bonaerense, con diversos allanamientos en la villa Carlos Gardel del partido de Morón.
La pregunta que habría que hacerse ahora es si los operativos para despejar piquetes también se realizarán en territorio de la Provincia de Buenos Aires
Allí se registró un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Federal, dos fuerzas que tras la intervención directa tienen la instrucción de armar un “cuerpo de permanencia” en las zonas más calientes del Conurbano. En términos políticos, la administración de Cambiemos decidió dar claras señales a la sociedad de que su política de seguridad será mucho más activa que el año pasado.
En la Provincia comenzaron a realizarse operativos anti-narco con más frecuencia –el último fue el de la avioneta que cayó en San Andrés de Giles- luego de que la primera parte de la gestión de María Eugenia Vidal estuviera centrada en la depuración de la Bonaerense. Incluso ahora, la Gobernadora no descarta “pases de factura” de policías exonerados que se vinculan al delito.
Pero tanto en la Casa Rosada como en la Gobernación entienden que la inseguridad será uno de los temas de la campaña electoral en ciernes. Por cierto que no ponen a los piqueteros en el mismo nivel de conflicto, pero está claro que decidieron movilizar a las fuerzas de seguridad para que no ocupen el espacio público con objetivos más ligados a la política que a la protesta social.
En ámbitos gubernamentales analizan que el clima social podría enrarecerse por el nerviosismo pre-electoral. El reciente hallazgo de una granada debajo de un puente en la Panamericana hizo sonar las alarmas en despachos oficiales. Y en sectores de la oposición advierten que el oficialismo ya tantea el terreno para suspender las PASO en caso de que las encuestas no lo favorezcan.
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