Piden detención de ex gobernador jujeño Feller por asociación ilícita

El fiscal penal jujeño Diego Cussell dispuso ampliar las imputaciones contra el ex gobernador Eduardo Fellner y dos funcionarios del área de Viviendas en la denominada megacausa por fraude y desvío de fondos para obras públicas a la vez que pidió la detención de los tres.

Según fuentes judiciales citadas por la prensa de Jujuy, el pedido del fiscal fue elevado anoche al juez de Control Isidoro Cruz, quien lleva adelante la investigación que tiene como principal acusada a la jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida como jefa de asociación ilícita, fraude y extorsión.

El fiscal dispuso ampliar las imputaciones de Fellner, su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, y el ex director del Instituto de la Vivienda local, Lucio Abregú, que pasaron de estar acusados por abuso de autoridad y falsedad ideológica a ser considerados posibles "organizadores de asociación ilícita y coautores de fraude a la administración pública por administración infiel".

En ese marco, el fiscal pidió la detención de los tres, situación que podrá ser definida en el plazo de una semana por el juez Cruz. Además, en el caso de Abregú, el fiscal lo imputó como presunto integrante de la asociación ilícita, no como organizador.

La megacausa investiga el aparente desvío de millones de pesos que enviaba durante la administración kirchnerista el gobierno nacional a Jujuy para la construcción de viviendas, en el marco de obras que eran ejecutadas por las cooperativas que integraban la Red de Organizaciones Sociales que comandaba Sala.

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Para ello, los organismos provinciales habían suscripto desde 2004 un convenio para que las obras fueran construidas por esas organizaciones en forma directa. De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el desvío de los fondos obedecía a una compleja trama en la que incluso hubo testigos que afirmaron haber sido obligados a endosar los cheques que recibían sus cooperativas y entregarlos a dirigentes tupaqueros

. Un relevamiento de la justicia y el gobierno jujeño determinaron que gran parte de las viviendas nunca fueron construidas y nadie reportó el destino final de los fondos.