Cartasegna: suspendieron de sus funciones a los otros 3 imputados

Leandro Carlos Milone, ex secretario de la UFI que encabezaba Fernando Cartasegna, la número 4; Juan Manuel Valdés, uno de sus auxiliares letrados; y Estela Lavalle, una empleada de la mesa de entradas, fueron suspendidos en sus funciones por disposición del Fiscal General Departamental de La Plata, Héctor Vogliolo.

Así lo hizo saber ayer el propio Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que aseguró que se trató de una medida de carácter preventivo, mientras se sustancia la investigación.

“Cartasegna sigue en situación de licencia, por lo que técnicamente estamos a la espera de una nueva revisación médica, aunque es probable que antes que eso la Suprema Corte haga alguna manifestación que determine la imposibilidad del fiscal de asumir en sus funciones, también de manera preventiva”, aclaró.

Milone, de acuerdo a los voceros consultados por EL DIA, estaba afectado a una fiscalía de juicio, mientras que Valdés y Lavalle también habían sido desplazados de la UFI Nº 4 y llevados a otra dependencia. Pero por ahora ninguno de los tres podrán cumplir tareas, a la espera de lo que se resuelva, tanto en el proceso administrativo, como en el penal, ya que fueron citados a indagatoria acusados por presuntas irregularidades funcionales.

Como se sabe, con una resolución considerada inédita en el fuero penal local, Vogliolo disolvió la fiscalía Nº 4, que estaba a cargo del doctor Fernando Cartasegna, actualmente de licencia, internado en un neuropsiquiátrico, con un pedido de jury y llamado a 308 por varios delitos.

En tal sentido, este diario pudo acceder a la resolución numero 48/17, en la que se precisa que la Procuración General de la Corte bonaerense, en abril último, le otorgó una licencia al fiscal Cartasegna.

También se explica que luego fueron designados en esa fiscalía 4 los agentes fiscales Mariana Ruffino, Alejandro Marchet, Néstor Tesón y Martín Chiorazi.

En la resolución, el doctor Vogliolo describió que los citados fiscales designados “advirtieron una serie de retrasos e irregularidades de distinto tenor en investigaciones penales en trámite en la fiscalía 4, lo que motivó la formación de sumarios administrativos, denuncias penales y redistribución de empleados y funcionarios que allí se desempeñaban”.

“En virtud de esas denuncias penales , Cartasegna fue llamado a indagatoria, bajo sospecha de haber cometido los delitos de “violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión de delitos, y falsedad ideológica de un documento público”, se señalo en la resolución.

Además se explicó que se enviaron copias de estas actuaciones a la Procuración General y la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

“A tenor de los expuesto resulta procedente la disolución de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, y establecer los mecanismos para la prosecución de las causas en trámite ante la misma”, se afirmó.

En otra parte de la resolución se destaca que las causa que están ahora en trámite en la UFI 4 serán auditadas, con personal que ahora está trabajando allí, con la colaboración de funcionarios de la Procuración.

El fiscal General dispuso también que la “estructura residual creada” está a cargo de los fiscales Ruffino, Tesón y Marchet, y que la actuaciones que sean elevadas a juicio estarán a cargo del doctor Chiorazzi.

EL REQUERIMIENTO

En el llamado a indagatoria a Cartasegna, el fiscal Alvaro Garganta destacó que “de las pruebas reunidas” surgirían elementos como para sospechar que entre el año 2012 hasta la fecha en que el fiscal Cartasegna entró de licencia, en mayo último, luego de las amenazas y ataques denunciados, “se detectaron faltantes de elementos que servían de prueba en diferentes causas”, entre ellos unos cincuenta teléfonos celulares, unos 30.000 pesos, 2.000 Guaraníes y algunos dólares.

En el dictamen, el fiscal Garganta indicó que esos efectos y otros, como billeteras vacías, algunos DNI, CD,s y cámaras fotográficas, estaban en un armario de la oficina de Cartasegna, al que tenía acceso el titular de la fiscalía 4 y los otros tres imputados, señalaron las fuentes.

Como se sabe, Cartasegna contrató los servicios de los abogados penalistas Fernando Burlando y Fabián Améndola para que ejerzan su defensa en juicio.