El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó ayer las oficinas locales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las empresas IECSA y Ghella, en el marco de la causa que investiga si hubo pago de coimas y otros delitos en los trámites de concesión de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En tanto, el fiscal federal Federico Delgado pidió informes sobre un crédito suscripto en 2008 entre la empresa de aguas AySA y Odebrecht por 890 millones de pesos, en la investigación por supuestas anomalías en la construcción de una planta potabilizadora en el partido de Tigre.
Los allanamientos fueron dispuestos por el juez luego de decretar el “secreto de sumario” en una de las tres causas que tiene Odebrecht abiertas en la Argentina. Una de esas causas, sobre el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que involucra una inversión de unos 45 mil millones de pesos, está bajo investigación de Martínez De Giorgi.
El secreto de sumario es una medida que habitualmente adoptan los jueces cuando se aprestan a detener a personas o realizar allanamientos.
Justamente por ese secreto no trascendió el resultado de los allanamientos, que tuvieron lugar en las últimas horas, aunque se presume que los investigadores retiraron documentación y otros materiales relacionados con obras y contratos para ser analizados.
IECSA es la empresa que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que la vendió a Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y presidente de Pampa Energía. Y Ghella es una compañía de origen italiano fundada a fines del 1800, con presencia en varios países.
Mientras, Delgado pidió informes sobre un crédito firmado entre AYSA y Odebrecht en 2008 por 890 millones de pesos para la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, en Dique Luján, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.
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