La medida dispuesta por la secretaría de Salud municipal que obliga a quienes tengan locales para realizar tatuajes y colocar piercing a cumplir con un curso obligatorio de seguridad e higiene que los habilite en forma oficial a desarrollar la actividad, se compadece con los criterios médicos que, forzosamente, deben regularla.
Tal como se sabe, es creciente el número de personas que decide realizarse tatuajes, al punto de estarse hoy ante una costumbre que forma parte de la cultura popular y que, inclusive, dejó de ser patrimonio exclusivo del universo joven para ser incorporada ahora por los adultos y personas mayores.
Sin embargo, a pesar de esta aceptación social, no puede menos que advertirse que las modificaciones corporales que se traducen en tatuajes, perforaciones o escarificaciones, suelen ser asociadas por los médicos con algunas enfermedades y ello autoriza a que los poderes públicos no sólo establezcan una legislación adecuada –existe, como se sabe, una ordenanza vigente en nuestro distrito-, sino a que impulsen medidas que garanticen el correcto ejercicio de estas prácticas y, al mismo tiempo, resguarden la salud de quienes decidan aceptarlas.
Según se indicó, los cursos habilitantes comprenderán cuatro módulos temáticos. El primero será dictado por especialistas en dermatología, quienes ahondarán en los aspectos médicos de los tatuajes y los piercings; el segundo tratará sobre bioseguridad; el tercero comprenderá los tatuajes y piercing que se realizan en la cavidad bucal y el cuarto desarrollará el tema de los aspectos legales vinculados.
En ocasiones anteriores se mencionó en esta columna la imposibilidad existente de que algunas personas tatuadas puedan donar sangre o, al menos, que puedan hacerlo sólo después de cumplir algunos requisitos. Los reclamos apuntaron a señalar que esa restricción puede disminuir la cantidad potencial de donantes, cuando la política sanitaria apunta a lo contrario. Inclusive, existen otras especialidades médicas -que requieren de una aparatología médica muy avanzada- en las que se formulan advertencias referidas a los tatuajes.
Debería aludirse también aquí a la permisividad social existente para que, en lugares muchas veces inadecuados, algunos de ellos considerados de paso –donde no existen garantías objetivas de que se preserven principios de asepsia e higiene-, se realicen tatuajes o coloquen aritos a menores de 18 años de edad.
No se trata de cuestionar una moda preferentemente juvenil, pero resulta obligatorio señalar que, en términos sanitarios, estas prácticas suelen ser asociadas con riesgos de infección por hepatitis y VIH, especialmente en los casos en que no hayan sido realizadas por profesionales. Los especialistas señalan que las complicaciones médicas pueden ir desde daños locales por infección, desgarro, sangrado, reacciones alérgicas y cicatrices, hasta compromisos sistémicos como, por caso, la endocarditis bacteriana.
Está claro que cada individuo tiene derechos y libertades para disponer de su cuerpo y que esa facultad se encuentra fuera de toda discusión. Lo que se busca, acertadamente, es garantizar condiciones adecuadas de higiene y, en el caso de los menores de edad, exigir el necesario aval de los padres o responsables para decisiones que, en definitiva, interesan a la salud.
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