Los cien días de la nueva crisis venezolana

CARACAS.- Miles de opositores venezolanos salieron ayer a las calles a conmemorar la marca simbólica de cien días de protestas antigubernamentales en medio de un panorama profundamente sombrío, en el que la violencia va en aumento y no se vislumbra una solución próxima a la grave crisis política, social y económica que azota al país.

A continuación presentamos algunas claves para entender los primeros cien días de la crisis política más reciente en el país caribeño.

¿QUE LA DESENCADENO?

Luego de más de un año de pugna entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, corte), bajo control del oficialismo, y la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora, el conflicto se desbordó a fines de marzo cuando la Sala Constitucional dictó dos sentencias en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. Aunque las sentencias fueron revertidas, la coalición opositora acusó al presidente Nicolás Maduro de dar un “golpe de Estado” y desde el 1 de abril exhortó a los venezolanos a tomar las calles para enfrentar la ruptura del orden constitucional y presionar la convocatoria a elecciones generales.

LA REACCION DEL GOBIERNO

A pesar de las protestas, Maduro se ha negado a atender los reclamos de los sectores opositores, que además de elecciones exigen la liberación de todos los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para afrontar la escasez de alimentos y medicamentos. A pocas horas de alcanzarse los cien días de protestas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto domiciliario del dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y condenado un año después a casi 14 años de prisión, acusado de promover protestas callejeras violentas en la capital que dejaron tres muertos y decenas de heridos. El opositor y sus abogados siempre negaron las acusaciones y denunciaron que era un preso político del gobierno de Maduro.

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El mandatario acusa a sus adversarios de promover acciones “terroristas” y de financiar a grupos violentos para atacar a su gobierno.

Para hacer frente a las protestas casi diarias que se registran en todo el país, las autoridades han desplegado en las calles miles de policías y guardias nacionales. En las manifestaciones han sido detenidos más de 500 civiles, muchos de los cuales han quedado en manos de la Justicia militar.

Las acciones de las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas por la Fiscalía General, encabezada hasta el momento por Luisa Ortega Díaz (de origen chavista y convertida desde hace un tiempo en una fuerte crítica del Gobierno), y algunas organizaciones humanitarias que han denunciado excesos.

BALANCE DE LA VIOLENCIA

Las protestas han dejado al menos 92 fallecidos (datos extraoficiales hablan de más de 100), cifra que supera ampliamente los 43 muertos de las protestas de 2014, referente histórico hasta esta nueva crisis política, y más de 1.500 heridos.

La oposición apunta a las fuerzas de seguridad y a grupos armados pro oficialistas, conocidos como “colectivos”, como responsables de algunas de las muertes, mientras que el oficialismo responsabiliza a jóvenes pagados por los opositores.

La mayor parte de los fallecidos son jóvenes identificados con la oposición.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Para hacer frente a la crisis, Maduro convocó a principios de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos 545 miembros sectoriales y territoriales serán electos el 30 de julio para reformular la Carta Magna.

La oposición no inscribió candidatos y descartó su participación en el proceso, al que ha calificado de “fraude constitucional” porque no se llamó a un referendo consultivo previo a la activación de la iniciativa.

La propuesta de reforma de la Constitución desató fracturas entre las filas del oficialismo, en especial con la fiscal general Ortega Díaz, que denunció un “golpe de Estado” y llamó a los venezolanos a rechazar el proceso y a restituir el orden constitucional.

LA INCOGNITA MILITAR

En esta crisis, las Fuerzas Armadas se han convertido en uno de los principales soportes del gobierno de Maduro, quien al igual que su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, les ha otorgado prebendas, negocios en sectores claves -como el de alimentos-, y numerosos cargos en el gobierno para asegurar el respaldo del alto mando militar.

Dirigentes opositores aseguran que hay un creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas, que es palpable en el centenar de oficiales que han sido detenidos en los últimos meses, pero sigue siendo una incógnita su situación interna y si podría darse algún movimiento contra el gobierno.

Un estudio de la encuestadora Datanálisis, una de las principales de Venezuela, reveló en junio que a raíz de esta crisis las Fuerzas Armadas alcanzaron un rechazo de 73% entre los venezolanos, el porcentaje más alto en casi tres décadas.

EL ESCENARIO A FUTURO

La posibilidad de que el proceso constituyente pueda detenerse parece remota y todo apunta a que a partir de agosto se instalará la Asamblea Constituyente, que según han adelantado algunas figuras del oficialismo, tendrá entre sus prioridades iniciar procesos contra los dirigentes opositores que podrían llevar a la destitución de sus cargos y detención.

Además sería factible que haya un cambio en la Fiscalía General debido a los choques entre Ortega Díaz y el gobierno y una posible disolución de la Asamblea Nacional.

De igual forma, no se vislumbra ninguna posibilidad de cambio en las políticas económicas, lo que hace prever que la crisis, dominada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes, seguirá profundizándose y persistirá el descontento popular. (AP)