Procesaron a De Vido y le fijan un embargo por 1.000 millones de pesos

El diputado nacional y ex  ministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido fue  procesado hoy por supuestas irregularidades en los subsidios a las  empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos.    

Así lo informaron hoy fuentes judiciales y añadieron que el  juez federal Claudio Bonadio también procesó a los ex secretarios de  Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex  titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT)  Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y  Antonio Sícaro.    

Para ellos, el magistrado también mandó a trabar distintos  embargos, de hasta 900 millones de pesos.    

La maniobra, según el fallo, incurrió en los supuestos delitos  de "defraudación contra la administración pública" y  "administración fraudulenta".    

Y "ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de  aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil  ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($  609.326.186,25)".  

"Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de  2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que  ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través  de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte  público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que  correspondían", consignó.    Los procesados "pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el  tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla,  disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los  involucrados".    

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Bonadio estableció que "este sistema posibilitaba que se  calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los  efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se  terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".    

El juez dictaminó que "la maniobra ilegal pudo sostenerse  hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014".    

En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de  los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández  entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar  los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio  de los pasajes.    

El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración  jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que  cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número  de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran  veraces o no.    

Cuando declaró en indagatoria, el 23 de junio pasado, De Vido  negó haber tenido "competencia" en el otorgamiento de los  subsidios y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transportes y  a la CNRT.    

De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido  ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías  de transporte, al asegurar que "los responsables" de la Secretaría  y la CNRT "ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado  la regularidad de su actuación".    

Aseguró además que "el sistema" de "determinación y  otorgamiento" de subsidios a colectiveros "fue creado con anterioridad" a su  llegada al Ministerio de Planificación e Infraestructura en 2003  y afirmó que "sigue durante la actual gestión del Ministro de  Transporte (Guillermo) Dietrich".