Los jefes del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto y del interbloque Cambiemos, Angel Rozas, coincidieron ayer a la tarde en dejar en “stand by” el tratamiento del proyecto de ley de responsabilidad empresarial en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, dado que la Cámara Baja todavía no giró a la Cámara Alta el nuevo texto que sancionó la semana pasada.
En ese sentido, el senador peronista chubutense Mario Pais apuntó ante la comisión: “Todavía no tenemos el proyecto de ley y por eso no podemos actuar como cámara revisora porque todavía no ha ingresado al Senado”.
El macrismo resolvió frenar el giro de la referida iniciativa ante –según fuentes parlamentarias oficialistas- los problemas de redacción y contradicciones internas, así como el hecho de que se haya eliminado del proyecto inicial un artículo pedido por la Casa Rosada y que de alguna manera abría las puertas para definir un acuerdo administrativo con participación de la Auditoría General de la Nación por el cual la empresa podía reconocer hechos de corrupción anteriores a la sanción de la ley.
En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó ayer el texto aprobado en Diputados de la ley de responsabilidad empresaria porque -indicó- “hay cuestiones específicas, artículos que se contradicen” y problemas de “técnica legislativa” que hacen necesario realizar cambios.
No obstante, ante la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Garavano respaldó la necesidad de que el país cuente con una normativa en ese sentido.
“Sobre los desafíos que plantea esta ley aprobada en Diputados tengo algunas cuestiones específicas, hay artículos que se contradicen. Hay un tema de sanciones, agravantes y atenuantes que por temas de técnica legislativa creemos que se deben corregir”, remarcó al hablar del proyecto con el que se quiere penar a las “personas jurídicas” en casos de corrupción pública o privada.
El texto del proyecto fue demorado en la Cámara Baja por decisión del oficialismo en busca de alguna forma de redacción que eluda nuevas correcciones, además de que se haya eliminado un artículo del proyecto inicial (pedido por la Casa Rosada) que abría las puertas para definir un acuerdo administrativo con participación de la Auditoría General de la Nación, por el cual una empresa podía reconocer hechos de corrupción anteriores a la sanción de la ley.
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