El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013, la cual consideró que fue “direccionada” para favorecer a una empresa y satisfacer “intereses personales”.
El fiscal dijo que se impone “la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido” en la adquisición del inmueble de Perón 667 de Capital Federal por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) en ese año.
También pidió que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino, se informó ayery en Tribunales.
Taiano basó el requerimiento que presentó al juez federal Julián Ercolini en “la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido como meta del procedimiento y el interés social por el esclarecimiento de los casos de corrupción”.
Todo lo cual, añadió, “demanda un proceso judicial sin dilaciones que atienda a los compromisos del Estado argentino ante la comunidad internacional (Pacto Internacional contra la Corrupción) y al artículo 36 de la Constitución”.
DIRECCIONADO
El fiscal afirmó que “con el grado de sospecha propio de esta etapa procesal, puede sostenerse que el proceso licitatorio nro.01/2013, vinculado a la adquisición de un inmueble para funcionamiento de dependencias de la PGN, fue direccionado por los funcionarios públicos intervinientes, quienes adoptaron las decisiones necesarias para adjudicarlo a la empresa Arfinsa”.
“La injerencia de Thill ante la PGN y su intermediación junto a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. en la Licitación Pública nro.01/2013, propició el desvío del interés de la administración pública para la satisfacción de intereses personales”, aseveró.
Sostuvo que “Arfinsa contó con información privilegiada de la operatoria y a cambio abonó enormes comisiones que persiguieron dar un viso de legalidad a un dinero destinado a comprar la voluntad de los funcionarios públicos que le aseguraban la adjudicación” de la licitación.
Taiano anticipó que los imputados podrían afrontar cargos de “fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Casi a la vez, la defensa de la Procuradora General pidió al juez Ercolini que Gils Carbó sea sobreseída en la causa.
“El conjunto de la prueba recibida en la instrucción (...) ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento”, sostuvo el pedido del abogado defensor Alejandro Rúa (ver aparte).
LA CAUSA
En esta causa se investiga la compra a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en la calle Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500, en el barrio de Recoleta.
En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado de asesor a Juan Carlos Thill, hermano del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
El diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, no descartó ayer “para nada” que el Gobierno destituya por decreto a Gil Carbó y puso de antecedente la destitución en 1991 del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, por el entonces presidente Carlos Menem.
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