Reclamo de la Corte por la superpoblación carcelaria

En la Provincia hay cerca de 40 mil detenidos alojados en cárceles y comisarías. Y, según estimaciones oficiales, existe una superpoblación de 10 mil presos en relación a la capacidad que tienen los penales.

En las últimas semanas, la situación de hacinamiento que se registra en las cárceles bonaerense fue motivo de análisis y debate en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ayer, la que tomó intervención fue la Suprema Corte.

El máximo tribunal de Justicia provincial pidió al Poder Ejecutivo que en un plazo de 15 días informe las políticas, acciones y los recursos que se destinaron para superar las “graves deficiencias” que padecen los detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses.

La resolución formula la requisitoria a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo y de Justicia, Gustavo Ferrari. La Corte consignó la necesidad de ”contar con información y documentación concerniente a los programas concretos de trabajo sobre dicha materia, de acuerdo a compromisos asumidos por ambos funcionarios en el marco de una audiencia efectuada en el Tribunal a la que fueron convocados, el pasado 16 de marzo”.

En los considerandos, los jueces sostuvieron que en la audiencia, el ministro de Justicia manifestó su compromiso tendiente a elaborar un Plan Integral, “no sólo relativo a las condiciones de habitabilidad y la mejora y ampliación de los lugares de detención, sino también sobre la situación laboral, educativa, alimentaria, de salud y de convivencia de las personas detenidas”.

Citan además que el ministro de Seguridad hizo lo propio y posteriormente presentó un plan de remodelación de comisarías y calabozos, pero que la cartera de Justicia “no ha presentado a esta Corte el anunciado plan, ni informado sobre el estado de los proyectos y programas que deberían integrarlo, conforme lo manifestado en la mencionada audiencia” .

La Corte recuerda que en la audiencia ante la Comisión Interamericana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal denunciaron que la Provincia tiene 3.010 detenidos alojados en 432 comisarías, pero sólo 1.039 de esos presos tienen camastros para descansar.

En el encuentro, los organismos expusieron la crisis del sistema de encierro bonaerense y reclamaron a los Estados provincial y nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas.

En la Provincia corroboran esos números de detenidos. Admiten los 3.000 en comisarías y que hay otros 36 mil alojados en cárceles y unos 1.500 con prisión domiciliaria y monitoreados con pulseras.

En diálogo con este diario, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, indicó que “no desconocemos el problema ni negamos la situación” y que “es muy difícil revertir una situación derivada de 16 años sin construir cárceles grandes”.

No obstante Ferrari dijo que la gestión provincial “viene concretando diversas medidas para mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles a través de obras de agua, cloacas y compra de colchones”.

“No tenemos una visión negativa del pedido de la Corte. Por el contrario, vamos a exponer lo que hicimos y lo que vamos a hacer. De hecho, el Gobierno también participó de la reunión en la Comisión Interamericana y coincidimos en los planteos que allí se hicieron porque no negamos la realidad”.

Ferrari señaló por último que están en construcción alcaidías en Lomas de Zamora, Campana y San Martín que hacia fin de año aportarán 900 plazas al sistema carcelario bonaerense.