Promulgaron la Ley de Protección de Víctimas de delitos

El Gobierno nacional promulgó hoy la Ley 27.732 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que había sido sancionada por unanimidad por el Congreso el mes pasado.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, brinda, entre otras cosas, "el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad" a víctimas y familiares de víctimas de hechos de inseguridad.

Una de las novedades introducidas por el Senado es la creación de la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado por cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el establecimiento de una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.

Según el artículo 2º de la Ley, se considera víctima "a la persona ofendida directamente por el delito" y "al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos".

Entre otros objetivos, busca "establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas".

Además, pretende "implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados".

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Otros de los objetivos de la ley, largamente reclamada por personas que sufrieron hechos de inseguridad, es "establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito".

Una de las novedades del programa para proteger a las víctimas es que se las habilita para ser querellante y se les otorga el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la revisión de las actuaciones y a recibir asesoramiento legal durante todo el proceso.

Por otra parte, la autoridad interviniente queda obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante la causa, obliga a que se les reciba la denuncia en forma "inmediata" y se incorpora la presunción de peligro para la víctima para su seguridad o de sus familiares.

A su vez, la Ley dispone la creación de centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas y da protección especial a personas discapacitadas, menores de edad, mayores de 70 años y también a las que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el agresor.