Por la compra de un inmueble, citan a indagatoria a Gils Carbó

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, para el próximo 31 de agosto para que brinde explicaciones por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.

Ercolini convocó a Gils Carbó y a otras diez personas en la causa que investiga la compra del inmueble para el Ministerio Público Fiscal ubicado en la calle Perón 667 por casi 44 millones de pesos.

Los convocados como sospechosos son Osvaldo Leguizamón (3 de agosto), Jorge Daniel Domanico (7), Héctor Zurita (9), Ignacio Costa Urquiza (11), Bárbara Jaureguiberry (14), Pedro Antonio Donato Viceconte (17), Roberto Daniel Martino (18), Adrián Marcelo González Fischer (22), Juan Carlos Thill (24), Guillermo Alfredo Bellingi (28) y Gils Carbó (31).

la causa

En esta causa se investiga la compra a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500, en el barrio de Recoleta.

En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Juan Carlos Thill, hermano del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.

El pedido de indagatoria había sido presentado el martes pasado por el fiscal Eduardo Taiano, quien sostuvo que la compra del edificio fue “direccionada” para favorecer a una empresa y satisfacer “intereses personales”.

El juez Ercolini hizo lugar ayer al pedido, al sostener que “se aprecia que la doctora Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi, en el marco de una operación en la que les correspondía intervenir con motivo de sus funciones, se interesaron en miras de la obtención de un beneficio, tanto para aquellas personas como para sí mismos”.

la resolucion

En una resolución de 22 carillas, el juez hizo hincapié en que “los particulares aspectos que dan cuenta de la manera en que fuera pergeñada y llevada a cabo la maniobra permiten presumir la existencia de ofrecimientos y acuerdos previos para que, a cambio de dinero o de alguna otra dádiva, emitieran las disposiciones e instrucciones necesarias en la órbita de su competencia e hicieran valer su influencia para que funcionarios del área administrativa de la PGN hicieran lo propio, a fin de que el Ministerio Público Fiscal procediera a la adquisición de aquel inmueble”.