“La desactualización del nomenclador lleva a que la gente tenga hoy que iniciar un trámite de excepción o recurrir la Justicia cada vez que tiene que someterse a una práctica no reconocida en él. Y esto no sólo genera demoras y dolores de cabeza para el paciente sino además un mayor costo para la obra social. Como en estos casos la Justicia siempre falla a favor del paciente, se terminan imponiendo muchas veces soluciones que además de resultar más caras agregan el costo de la judicialización. Por eso, si bien la actualizar el nomenclador implica incorporar prácticas y aparatología que en principio agregan costos a las obras sociales, el reconocimiento de esas nuevas alternativas reduce tiempos de internación y evita costosos procesos judiciales, lo que termina compensando la ecuación”.
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